Si «la actitud y compromiso» que el Gobierno español y el PSOE adopten con las propuestas de resolución presentadas por el PNV en el Congreso va a servir para «constatar hasta dónde llega la voluntad de acuerdo» de José Luis Rodríguez Zapatero, como escribió el jueves en su blog Iñigo Urkullu, lo cierto es que los jeltzales le han puesto muy alto el listón para comenzar a negociar un acuerdo estable.

Las quince propuestas de resolución registradas por el PNV contemplan seis transferencias, el apoyo a la fuente de neutrones por espalación, el traspaso de los terrenos militares de Araka a la Diputación de Araba y un plan sobre la máquina herramienta.

Además, propone la modificación de la Ley del Deporte para que las selecciones deportivas de determinada comunidades autonómicas puedan integrarse en las federaciones internacionales y competir oficialmente. Solicita también el PNV que cambie la denominación oficial a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y la celebración de consultas oficiales en Trebiño y el Valle de Villaverde para posibilitar su integración en la CAV.

Respeto a la decisión vasca

Entre las propuestas de resolución presentadas destaca la número 15 «relativa al marco jurídico-político que precisa Euskadi» y por la que el Congreso de los Diputados proclamaría «el respeto de las instituciones del Estado a las decisiones que sobre su futuro político adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca».

En este apartado se incluye que debe garantizarse «que todos los proyectos políticos pueden ser no sólo defendidos en condiciones de igualdad de oportunidades y ausencia de toda forma de coacción o ingerencia sino que, además, puedan ser materializados si ese es el deseo mayoritario de la ciudadanía expresado a través de los procedimientos legales». Este párrafo entrecomillado está copiado literalmente de uno de los borradores manejados por PSE, PNV y Batasuna en las conversaciones de Loiola de 2006, que en un primer momento todas las partes parecieron estar dispuestas a firmar.

Esta propuesta de resolución contempla el reconocimiento del «carácter e identidad del Pueblo vasco como una realidad basada en la voluntad de sus ciudadanas y ciudadanos conformada por vínculos sociales, históricos, económicos y culturales llamada Euskadi-Euskal Herria».

El Congreso debiera también admitir «la capacidad de establecimiento de órganos con atribuciones ejecutivas y de propuestas legislativas como consecuencia de la relación y articulación territorial de la CAV con otros ámbitos jurídico-administrativos».

En el cuarto punto se incluye «la garantía para la ciudadanía vasca de todos los derechos que se le reconocen en el ordenamiento jurídico internacional». Y en el quinto, «la incorporación de los acuerdos adoptados al ordenamiento jurídico tras su refrendo por la ciudadanía vasca».

El PNV entiende que el reconocimiento de estos puntos por el Congreso de los Diputados, dentro de «la realidad plurinacional del Estados español», son esenciales para «la consecución de una convivencia democrática de las distintas realidades nacionales y sentimientos de pertenencia que acoge en su seno Euskadi».

Antes de concretar la propuesta de resolución, el grupo parlamentario jeltzale recuerda el recorrido del Estatuto, así como la inadmisión de su proyecto de reforma. Y constata que «el TC, las leyes orgánicas y no orgánicas y un largo etcétera de mecanismos legales, así como el homogeneizador diseño del Estado de las Autonomías han creado un acervo jurídico y político que hace imposible garantizar que el Estatuto de Gernika sea respetado y desarrollado en su integridad».

Seis transferencias

En sus propuesta de resolución, el PNV da tres meses al Gobierno español para que transfiera a la CAV seis competencias pendientes, que considera «especialmente decisivas» en la actual coyuntura de crisis: el «régimen económico de la Seguridad Social, incluyendo las funciones y servicios del Instituto Social de la Marina»; las Políticas Activas y Pasivas de Empleo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la «gestión de los programas de Formación Profesional, Formación Continua y Ocupacional», así como la ampliación de «la transferencia (FOGASA) de la actividad administrativa en la regulación de empleo de manera que se entiendas incluidas sin excepción todo tipo de empresas».

La votación de las resoluciones tendrá lugar el martes.