«Zain Dezagun Urdaibai» informó ayer de que ha conseguido la suspensión temporal, por irregularidades urbanísticas, de unos trabajos iniciados en el barrio Gametxo de Ibarrangelua, al lado del Hotel Gametxo. El colectivo ecologista asegura que tuvieron que llamar a la Ertzaintza, «ante la negativa del propietario a paralizar las obras, a pesar del decreto de Alcaldía» que ordenaba a la propiedad que efectuase trabajos que subsanasen las irregularidades en el plazo de quince días.

Tras la advertencia de «Zain Dezagun Urdaibai» y un particular, el 21 de mayo y en abril respectivamente, reclamando al Consistorio ibarrangeluarra de que velase por la legalidad urbanística en el núcleo rural de Gametxo, la Alcaldía emitió un decreto, el 17 de junio, en el que establecía un plazo de quince días para que resolviese las irregularidades detectadas en la obra. Los ecologistas relataron que había «desaparecido» un camino público rural y se había generado unos escombros, almacenados en una escollera sin autorización.

Para el colectivo, el promotor de las obras no estaba cumpliendo con los requisitos que establecía la licencia municipal y los fijados por la autorización del Patronato de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Con su iniciativa, resaltó el organismo, trataba de «impedir la política de hechos consumados que, de haberse consolidado, hubiera supuesto una grave afección al paisaje protegido de Urdaibai y al patrimonio público que son los caminos rurales».

Denuncia a la Ertzaintza

A pesar de la resolución del Consistorio, explicaron, los trabajos de edificación del «macro-chalet» continuaron, lo que motivó el 9 de julio un nuevo decreto municipal exigiendo el cese de la actividad. No sirvió de nada, ya que el 14 de julio, las autoridades locales y un particular solicitaron la presencia de la Ertzaintza, al constatar a través de un informe del arquitecto municipal que el promotor estaba actuando de manera deliberada obviado la orden.

Aunque «Zain Dezagun Urdaibai» saluda la intervención del Consistorio ibarrangeluarra, no oculta su «extrañeza» porque haya tardado tanto en intervenir. A su juicio, la resolución municipal «no sigue lo estipulado en la Ley 2/2006 Vasca del Suelo y Urbanismo en sus artículos 219, 220 y 221 para los temas que siguen la acción pública por particulares o asociaciones en defensa de la legalidad urbanística vigente».

Los ecologistas se preguntan en alto por los problemas a los que se enfrentan aquellos que quieren preservar la legalidad urbanística y cómo se controlan las licencias que se otorgan.