«Amiantoak hil egiten gaitu!, Amianto: Problema social. Erantzukizunak argitu». Son los lemas de la campaña que ELA desarrolla entre los delegados sindicales y los trabajadores porque han detectado «un incremento de los afectados, tanto de trabajadores en activo que advierten del peligro, como de otros ya jubilados o la presencia de familiares de trabajadores que han enfermado o han fallecido». ELA quiere que aflore el problema, porque se calcula que en Hego Euskal Herria fallecerán hasta el año 2040 entre 8.000 y 10.000 trabajadores, mientras que en la Unión Europea se espera que 500.000 personas mueran debido a los efectos cancerígenos del amianto.

Janire Domínguez, del área de Salud Laboral de ELA, señala que «cada vez vienen más trabajadores y familiares preocupándose por las enfermedades profesionales, entre ellas el amianto». Leire Txakartegi, secretaria de Salud Laboral, explica que desde hace «tres ó cuatro años» a los servicios jurídicos y al área de salud laboral «más allá de los accidentes de trabajo, nos están llegando un mayor incremento de las consultas».

A juicio de ambas representantes de ELA, entre las décadas de los sesenta y los ochenta del siglo pasado la importación y manipulación del amianto en las empresas vascas y su utilización en el sector de la Construcción fue constante. A pesar de conocerse sus efectos cancerígenos desde comienzos del siglo pasado, los empresarios no pusieron las medidas de prevención adecuadas. Las consecuencias y efectos nocivos del amianto tardan entre 10 y 40 años en aparecer. Ese largo período de latencia provoca una indefensión del trabajador, como se está comprobando, porque muchas empresas desaparecen, cambian de manos o es difícil seguir el historial laboral del propio afectado.

Ante esas dificultades, Txakartegi y Domínguez critican «la actitud de las mutuas, que dificultan todo lo que pueden, pero cada día estamos viendo como la Seguridad Social se está pareciendo más a las mutuas. Hacen muy poco -precisaron- por preservar la salud y los tratamientos adecuados a los afectados, pero hacen mucho por dar altas médicas rápidas a los afectados por una contingencia profesional». Por ese motivo, ELA quiere llamar la atención «por el papel regresivo que están adoptando para litigar para que haya un reconocimiento de las enfermedades profesionales». Por eso, manifestaron que la central sindical «da cobertura a los trabajadores».

Esta problemática la extienden también al ámbito judicial, porque las responsables de Salud Laboral de ELA sostienen que «el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) está cambiando de criterio. No pone en duda que el trabajador haya estado en contacto con el amianto, pero no establecen la responsabilidad directa de la empresa para que te puedan resarcir de los datos causados por el uso del amianto».

ELA cree que esa actitud se debe a que desde Osalan y la Inspección de Trabajo no están incidiendo en esta materia como les correspondería realizar.

Para Leire Txakartegi y Janire Domínguez es necesario la creación de un fondo de compensación para evitar el sufrimiento a los afectados y a sus familiares.