Lo dijo el todavía presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el pasado mes de mayo: «La seguridad democrática tiene muchos enemigos». Pero seguro que ni se refería ni contaba entre ellos a ex secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni mucho menos a alguien tan referencial como la ex candidata presidencial liberada de manos de la guerrilla por el Ejército después de seis años y medio de de cautiverio, Ingrid Betancourt.

El anuncio de una acción de conciliación con el Estado colombiano, que podría haber dado lugar a una demanda -finalmente desestimada- por parte de Betancourt y su familia ha suscitado los últimos días una gran polémica en la opinión pública de su país y duras críticas hacia la ex candidata presidencial por parte de quienes creen que debía estar agradecida con quienes le liberaron y la tacharon de «ingrata». Pero, además, ha vuelto a poner en cuestión la política de Seguridad Democrática, plan bandera de Álvaro Uribe en el que todo vale, incluidos los «falsos positivos», para hacer frente a un conflicto armado de varias décadas que para Bogotá es simple «terrorismo».

Puede, asimismo, abrir una espita y tener un efecto dominó entre los numerosos ex rehenes de las FARC -algunos de los cuales ya han manifestado que la ex candidata presidencial se equivocó- y sus familiares por los daños causados. El abogado de Betancourt explicó que «una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano a sus ciudadanos víctimas del terrorismo». La ex candidata reclamaba por ello unos 6,3 millones de euros.

Ella quiso zanjar el asunto al señalar que «no es ningún ataque contra el Gobierno que me liberó ni contra el presidente Álvaro Uribe, a quien le debo todo el agradecimiento y reconocimiento» y cuya política dijo no poner en cuestión. «No es una demanda contra las Fuerzas Armadas, que me sacaron de las garras de las FARC», a las que responsabilizó totalmente de su secuestro. Agregó, sin embargo, que «es necesario que lo que me sucedió a mí no le vuelva a suceder a nadie, y me parece importante que los ciudadanos podamos conversar con el Estado colombiano, y analizar los fallos y decirle cuándo algo está mal».

El mismo día en que Betancourt retiraba su solicitud de conciliación tras el aluvión de críticas recibido se conocía que otros cuatro ex rehenes de la guerrilla -los ex congresistas Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem, Orlando Beltrán y Consuelo González de Perdomo- demandaron entre abril y mayo al Estado, al que exigen indemnizaciones que suman un total de 11,9 millones de euros por los perjuicios materiales y morales.

Lo mismo hizo en febrero Sigfrido López, el ex diputado del Valle del Cauca secuestrado junto a otros once colegas que fallecieron en cautiverio durante un enfrentamiento armado cuando el Ejército trató de rescatarles, según informaron entonces las FARC. En este caso, López pide una reparación «con bienes incautados a las FARC».

Todos los demandantes ponen en cuestión la estrategia del Estado contra las guerrillas y pretenden establecer «el grado de responsabilidad de quienes no nos prestaron ningún tipo de seguridad», ya que consideran que no fueron advertidos del riesgo que corrían y alegan «fallos de seguridad» que propiciaron sus secuestros.

Manipular para controlar

En el caso de Betancourt, tanto los mandos militares de la época como quienes entonces eran sus escoltas desmintieron este extremo al afirmar que ella conocía los riesgos de viajar a la zona, donde había una importante presencia de las FARC, y decidió asumirlos, desoyendo las reiteradas recomendaciones que desaconsejaban el viaje. La ex candidata presidencial se internó en 2002 en la zona de Caquetá, una región que había sido habilitada como zona de distensión por el Gobierno de Andrés Pastrana para llevar a cabo conversaciones de paz con la guerrilla, a sabiendas del peligro que corría y tras haber sido advertida para que desistiera.

Sin embargo, ella desmintió la versión de las autoridades sobre las circunstancias que rodearon su secuestro y aseguró que ese mismo día, el 23 de febrero de 2002, le fueron retirados sus escoltas y los militares le permitieron el paso a una zona donde se presentaban combates con la guerrilla. «Manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato y eso es gravísimo que suceda en el país», dijo.

La que entonces era su colaboradora y quien fuera secuestrada junto a ella, Clara Rojas, manifestó que también ella pensó en demandar a numerosas personas e instituciones, incluida la propia Ingrid Betancourt.

Y en este cruce de demandas y reclamaciones, el Gobierno colombiano llegó a estudiar, tras el anuncio de Betancourt, la posibilidad de cargarle a la ex candidata el coste de la operación militar que permitió su liberación, así como de dos operativos previos. Los servicios jurídicos del Estado se basaron en el fallo de un tribunal alemán que determinó que una ciudadana alemana debía pagar a su Gobierno los gastos que supuso su liberación de manos de la guerrilla colombiana del ELN por haber ignorado las recomendaciones de su Ejecutivo de no viajar a la zona donde fue secuestrada en 2006.

Esta misma semana, el controlador de las cuentas públicas, Julio César Turbay Quintero, advirtió sobre la cantidad de demandas que se pueden registrar contra el Estado por parte de ex secuestrados. «De ser falladas en contra del Estado, éste entraría en insolvencia, en incapacidad de pago», alertó.

Betancourt, para la que, según algunos medios, su iniciativa ha supuesto su «suicidio político, ya ha retirado su demanda. El resto no parece que vayan a actuar igual.