Los abogados de once de los imputados en el sumario 35/02 plantearon ayer en la vista celebrada en la Audiencia Nacional española varios argumentos jurídicos por los que deberían de no ser juzgados. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal decidirá en los próximos días -legalmente son de uno a tres, pero es habitual que se retrasen- sobre los recursos de previo pronunciamiento presentados por las defensas.

En concreto, argumentaron que siete de los encausados ya han sido juzgados por las mismas imputaciones. Se trata de Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Juanpe Plaza, Floren Aoiz, Adolfo Araiz, José Luis Elkoro y Joseba Imanol Kortazar. Los letrados alegaron que los cinco primeros fueron juzgados en el juicio contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997, mientras Elkoro se encuentra condenado y encarcelado por el 18/98 y Kortazar cumplió en el Estado francés una pena por la misma acusación.

En el caso de Josu Iraeta, Santiago Hernando y José Antonio Egido alegaron la prescripción de los hechos ya que las imputaciones datan de actuaciones realizadas entre 1988 y 1991 y con el Código Penal vigente entonces ya habrían prescrito. También plantearon el mismo argumento para Araiz.

Finalmente, recordaron al tribunal que Karmelo Landa ejercía como europarlamentario en las fechas en las que se le acusa -entre 1989 y 1994-. Por lo tanto, tenía inmunidad y las autoridades españolas debían de haber reclamado al Parlamento Europeo una autorización para actuar en su contra. La Fiscalía se opuso a todos los argumentos planteados por la defensa.

Procesados por hacer política

En esta causa se encuentran procesados 40 militantes de la izquierda abertzale y la Fiscalía pide un total de 372 años de cárcel para todos ellos.

El sumario 35/02 comenzó a ser instruido por el juez Baltasar Garzón hace ocho años, cuando Batasuna era legal. El magistrado de la Audiencia Nacional inició el procedimiento tras la detención, en abril de 2002, de once personas, entre las que se encontraban Jon Gorrotxategi y Rufi Etxeberria. Posteriormente decretaría el embargo de 75 herriko tabernas en los cuatro herrialdes de Hego Euskal Herria y su administración judicial.

En agosto de ese mismo año dio comienzo a los trámites para suspender las actividades de Batasuna bajo el argumento de que existía una «integración aparente» de la formación abertzale «en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin». Poco después, llegaría la demanda de disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA. La mayor petición fiscal es para Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para los que reclama 12 años de prisión acusados de «integración» en ETA en grado de «dirigentes».

Para otros veinte procesados solicitan 10 años de prisión por «integración». Se trata de Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, José Luis Elkoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi.

Pide también 8 años de prisión por «colaboración» para José Luis Franco, Maite Amezaga, Joseba Garmendia, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Kortazar, Rubén Granados, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.