Operación policial en Hernani
Marlaska deniega medidas para amparar a los detenidos
Familiares de Aitziber Ezkerra y Gurutz Agirresarobe, arropados por decenas de hernaniarras, mostraron ayer su «profunda preocupación» por el trato que puedan estar recibiendo en las dependencias policiales de la Ertzaintza, en las que se encuentran incomunicados. La mayor inquietud la genera la situación de Ezkerra, que padece una grave enfermedad reumática crónica, en la que incluso las posturas forzadas pueden afectar en su movilidad.
Oihana LLORENTE | HERNANI
Aitziber Ezkerra y Gurutz Agirresarobe continúan incomunicados en dependencias de la Policía autonómica. Pese a la grave enfermedad degenerativa que sufre Ezkerra, el juez de la Audiencia Nacional española e instructor de la causa, Fernando Grande Marlaska, ha declinado aplicar el protocolo contra la tortura reclamado por el abogado de los jóvenes, de modo que durante los días que se dilate la incomunicación no contarán con la supervisión de un médico de confianza.
La violencia con la que ejecutaron los arrestos, así como la certeza de que, al menos en el caso de Agirresarobe, la tortura sicológica fue empleada desde el primer momento de la detención -le hicieron creer que su compañera sentimental también había sido arrestada-, ha acarreado en los allegados de los jóvenes una situación de «profunda preocupación».
La mayor alarma la genera el estado de salud de la joven natural de Azkoitia, a la que hace diez años le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una enfermedad reumática de carácter crónico y degenerativo.
Familiares de Ezkerra y Agirresarobe, arropados por decenas de vecinos del municipio, solicitaron a los responsables de la custodia de los dos jóvenes que les otorguen un trato digno, aunque pusieron el acento en la situación que vive Ezkerra, alertando de que el trato en comisaría puede agravar la grave dolencia reumática.
Su compañero sentimental, Galder Gonzalez, así como la médico de confianza, Miren Arana, advirtieron de que cualquier tipo de postura forzada, el mero hecho de encontrarse esposada o la obligación de permanecer con la cabeza inclinada «es de por sí una tortura» para la joven.
Esta enfermedad que afecta especialmente a las articulaciones produce fuertes dolores y bloqueos que pueden llegar a perjudicar a la movilidad del enfermo.
La doctora detalló que la afección se encuentra muy avanzada en el caso de Ezkerra, y que cuenta con duras secuelas en la cadera y la columna vertebral. Advirtió de que puede llegar a dañar todos los huesos del cuerpo, pero que su avance puede ser controlado bajo la supervisión de las posturas, de un «riguroso» tratamiento médico y del control de un especialista en reumatología.
En este sentido, la doctora exigió a los agentes de la Policía autonómica que den un buen trato a los arrestados, pero en especial a los que se encuentran aquejados de graves enfermedades como Ezkerra.
Junto a Arana también compareció Pello Zubiria, arrestado e incomunicado en el «caso Egunkaria» y que sufre la misma enfermedad que Ezkerra. El que fuera el primer director de ``Egunkaria'' avaló la gravedad de la enfermedad y los riesgos de complicación que conlleva esta dolencia en las dependencias policiales.
Zubiria no perdió la ocasión ante los medios para reclamar el fin de la incomunicación, que él mismo ha padecido. Alertó de que cada nueva denuncia de tortura «acredita aún más el histórico fracaso de la sociedad vasca». Y denunció además que el sueldo de estos policías «que no garantizan un trato digno a los arrestados en el año 2010 y en medio de Europa» se cubre con los impuestos de todos los contribuyentes.
Consideró que nunca es demasiado tarde para cambiar y solicitó que se trate «al enemigo como una persona y no como un animal». Aseguró, en esta línea, que sin la «humanización y civilización del conflicto, éste no tiene solución».
Actuación desproporcionada
El compañero de Ezkerra también mostró su estupor por la violencia empleada por la Ertzaintza para irrumpir en las viviendas de los arrestados. Muestra de ello eran las dos fotogra- fías que presidían la comparecencia e ilustraban el estado en el que quedaron las viviendas tras el registro.
En la rueda de prensa -en la que también participó la alcaldesa del municipio, Marian Beitialarrangoitia- los comparecientes recordaron la célebre frase de Winston Churchill, en la que se asegura que la democracia es «el sistema político en el cual, cuando alguien llama a la puerta a la seis de la mañana, se sabe que es el lechero».
Gonzalez relató como él y Ezkerra fueron sacados de la cama por el estruendo de cuatro explosiones que derribaron la puerta de la entrada sin que los agentes mediaran «ningún tipo de explicación». El joven no dudó en valorar de «totalmente desproporcionada» la actuación de la Ertzaintza.
También tuvo palabras para los medios de comunicación que se agolparon en el momento del arresto en el exterior de su domicilio. Gonzalez se preguntó en torno a la «intencionalidad» de esta presencia y mostró su temor sobre el «efecto» que pueda tener en la opinión pública y en el devenir del propio caso.
En la comparecencia de ayer quedó patente el seguimiento mediático que se está dando a esta operación policial, lo que llamó la atención del abogado de los jóvenes, Aiert Larralde. Desde un punto de vista jurídico, criticó la negativa del juez Grande-Marlaska a la aplicación del protocolo de Garzón: «No son unas medidas caprichosas, el protocolo está basado en las recomendaciones realizadas por decenas de agentes internacionales que trabajan contra la tortura», apostilló.
Larralde exigió el cumplimiento de las medidas, pero fue más contundente y aseguró que «lo que verdaderamente exigimos es que no torturen».
Finalizó su alocución dirigiendose a los medios que abarrotaban el salón de plenos y les requirió el mismo interés una vez haya sido levantado el régimen de incomunicación.
La Consejería de Interior de Lakua debería llevar cinco años aplicando el protocolo ante la tortura que consiste en llamar diariamente a los familiares de los arrestos y grabar todo el periodo de incomunicación, anunciado por Javier Balza. Por el contrario, jamás se ha visto un solo video, ni siquiera tras haber sido solicitado por jueces, fiscales, abogados o por el propio Ararteko.
A juicio del letrado de los vecinos de Hernani, Aiert Larralde, al consejero de Interior, Rodolfo Ares, «se le llena la boca recalcando el respeto de los derechos de los detenidos y querellándose contra abogados que ponen esto en entredicho». En este sentido, lo animó a «aprovechar esta ocasión» para poner a prueba la defensa que hace de los derechos de los detenidos y mostrar las grabaciones. O. L
Una vez finalizada la comparecencia, los trabajadores del Consistorio desplegaron una pancarta en la que exigían la puesta en libertad de los arrestados.
Mientras dure la incomunicación, los hernaniarras se manifestarán todas las tardes a partir de las ocho. Ayer fueron 300 los vecinos que secundaron la movilización.