Las últimas detenciones en Hernani y su posterior tratamiento por parte de los medios de comunicación dan pie a un análisis más concreto que el que sitúa esta nueva operación policial en el conflicto vasco y dentro de la estrategia política del Estado español. La manera específica en la que se ha presentado la operación ante la opinión pública -enlazando una supuesta mayor eficacia de la Ertzaintza y nuevas técnicas criminalísticas-, así como el evidente sesgo propagandístico que han adoptado la mayoría de medios -quebrando una vez más la presunción de inocencia y elevando la anécdota personal a noticia o incluso a prueba-, hacen pertinente esa reflexión.

Si las evidencias son tan claras, si las graves acusaciones contra los detenidos se basan realmente en pruebas científicas contrastadas como el ADN y son jurídicamente válidas, ¿por qué se incomunica a los detenidos? Siguiendo con los avances tecnológicos y su aplicación a la labor policial y, en principio, a las garantías que esta labor conlleva, hoy por hoy es posible grabar íntegramente la permanencia de los detenidos en dependencias policiales. Si tal y como afirman la autoridades españolas las denuncias de torturas por parte de detenidos en régimen de incomunicación son falsas por sistema, ¿por qué no se garantiza esa grabación? Eso supondría una verdadera prueba de la verdad o la falsedad de dichas denuncias. Cabe recordar que el consejero de Interior del Gobierno de Lakua tuvo que retractarse ante un juez al no poder -o querer- presentar las imágenes de una operación policial anterior, concretamente la desarrollada en Ondarroa. Paradójicamente, la única intervención de Rodolfo Ares al respecto fue interponer una denuncia contra el abogado de los detenidos por denunciar malos tratos públicamente.

Es significativo también que ningún medio de comunicación plantee estas cuestiones elementales, siquiera para compensar la sistemática violación de las más elementales normas deontológicas de la profesión.