Fernando Grande Marlaska ordenó a última hora de ayer el ingreso en prisión incondicional de Gurutz Agirresarobe, mientras que para Aitziber Ezkerra decretó prisión eludible bajo fianza de 30.000 euros. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adoptó esta decisión después de que fuera requerido así por la Fiscalía, representada en este caso por Luis Barroso.

Los dos jóvenes, que fueron arrestados la madrugada del martes en Hernani por la Ertzaintza, comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional española en situación de incomunicación, por lo que no pudieron ser asistidos por su abogado de confianza, al que vetaron la entrada a la sede judicial.

Interior de Lakua acusó a los dos jóvenes de formar «una célula durmiente» de ETA, además de ser partícipes del atentado que costó la vida al militante de Basta Ya y policía municipal de Andoain Joseba Pagazaurtundua en febrero de 2003.

El auto, que se conoció sobre las 23.00, imputa a Agirresarobe delitos de «integración en organización terrorista», «asesinato» y «tenencia ilícita de armas», mientras que a Ezkerra le acusa de un delito de «integración en organización terrorista» y otro de «asesinato terrorista por cooperación necesaria».

Ezkerra fue la primera en ser conducida a Madrid. El furgón policial que la trasladó desde el cuartel de Arkaute llegó alrededor de las 16.45 a la capital española y fue ella la primera en comparecer en el despacho del magistrado, en el que estuvo alrededor de dos horas.

Una hora más tarde llegó a Madrid Agirresarobe, que fue puesto a disposición judicial sobre las 20.00.

Los dos fueron trasladados a la cárcel madrileña de Soto del Real. En el caso de Ezkerra, exigieron a los allegados, que habían permanecido congregados ante la Audiencia Nacional, que depositaran los 30.000 euros en el momento, cantidad de la que no disponían. Se prevé que recobre hoy la libertad, después de que sus familiares abonen la fianza y hagan los trámites correspondientes.

Sin tener constancia aún de que Ezkerra y Agirresarobe iban a ser trasladados pocas horas después hacia Madrid, conocidas personas que han padecido la tortura comparecieron ante los medios en Donostia para advertir que este tipo de operaciones «de propaganda» no tienen cabida en la restitución democrática que consideran que debe darse en Euskal Herria.

Denunciaron que en el operativo iniciado el martes en Hernani «se han derrumbado» tres principios básicos de un Estado democrático -el principio a la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías jurídicas y el derecho a la integridad física de la persona-, así como dos protocolos contra la tortura, en alusión a la negativa de Grande Marlaska a aplicar el denominado «protocolo Garzón» y la no aplicación por parte de la Ertzaintza de su propia doctrina sobre el trato a personas incomunicadas.

Ni una llamada

Familiares de Ezkerra confirmaron a GARA que no habían recibido ninguna llamada de la Ertzaintza en los cuatro días y que han sido ellos los que han tenido que llamar al teléfono de atención de la Policía autonómica para conocer el paradero en cada momento. Muestra de ello es que conocieron que sería ayer cuando la joven pasara a disposición judicial a través de los medios de comunicación.

«Tres principios del Estado de Derecho y dos protocolos se han caído ante nuestros pies», afirmó el abogado Julen Arzuaga. «Ahora, lo que nos queda es nuestra experiencia, lo que sabemos que pasa en estos casos, y nuestra preocupación», añadió.

Junto a él comparecieron los que fueran directores de `` Euskaldunon Egunkaria'', Martxelo Otamendi y Pello Zubiria, y el editor de Txalaparta Mikel Soto -los tres han denunciado haber sufrido la tortura «en propias carnes»-, y abogados como Alfontso Zenon, Ane Ituiño y Lorea Bilbao, que han visto la sombra de la tortura en incontables juicios y ejercen la abogacía con el objeto de erradicar esta lacra.

Todos ellos sostuvieron que este tipo de operaciones, que según criticaron buscan «propaganda política y antiterrorista en vez de justicia o verdad», «no son aceptables». Y reprocharon que son aún menos admisibles en el actual momento político, ya que consideran que «hay que sentar las bases de un contexto político de resolución». Censuraron que este tipo de operaciones no hacen más que «obstaculizar» una salida en esta línea y suponen «un varapalo» para las esperanzas de la sociedad vasca.

Durante la rueda de prensa, Arzuaga mantuvo que los dos jóvenes han sido «acusados en falso» y expresó su temor ante el trato que puedan haber padecido y a que las pruebas aireadas por los medios de comunicación «hayan sido `construidas'».

«Nos hablan de nuevas pruebas tras el paso de casi ocho años, de pruebas de ADN sin control judicial, de que conforman una célula durmiente, precisamente por no haber incautado nada que los pueda vincular a las acusaciones», criticó.

Tras dar cuenta de la ausencia de argumento jurídicos, insistió en que las acusaciones que pesan sobre estos dos vecinos de Hernani «no se soportan en ninguna prueba ni evidencia racional» y dijo que las señales de alarma se encienden cuando se escuchan frases como «se intentarán esclarecer las imputaciones en comisaría».

La preocupación de quienes comparecieron en esta rueda de prensa -entre los que también se encontraba la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia- pivota sobre la forma en la que podrían haber empleado los días transcurridos en la comisaría de la Ertzaintza. En este sentido, se preguntaron cuál es el motivo por el que se veta a los arrestados, y en especial a Ezkerra, que sufre una enfermedad grave y degenerativa, la atención de un médico de confianza.

Incumplimiento de Lakua

Ane Auzmendi e Itziar Baztarrika, que fueron parlamentarias en la Cámara de Gasteiz, también ofrecieron su punto de vista sobre esta operación. Baztarrika tomó la palabra para denunciar que el Ejecutivo dirigido por Patxi López ni siquiera cumple las decisiones adoptadas por el Parlamento autonómico. En concreto, se refería a la moción aprobada en diciembre del 2006 en la que se instaba al Gobierno español a derogar de la «legislación antiterrorista» y de la incomunicación, así como a que la Audiencia Nacional desapareciera como tribunal especial.

Aquella moción también recogía una petición a la Audiencia Nacional española para la suspensión y el archivo de todos los procedimientos judiciales donde se haya aplicado la tortura e incomunicación de los detenidos. La ex parlamentaria de EHAK dedujo que el nuevo Ejecutivo sólo cumple las decisiones que le conviene siguiendo sus intereses políticos.