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No es momento de dar diplomas de «antiterrorismo», sino de aportar para abrir otro escenario

En una semana marcada por la operación policial que terminó el viernes a la noche con el encarcelamiento de Gurutz Agirresarobe y la puesta en libertad bajo fianza de Aitziber Ezkerra, la polémica al respecto no ha surgido por el hecho de que los arrestados hayan permanecido cuatro días incomunicados en un régimen que posibilita los malos tratos, tal y como han denunciado diferentes expertos en la lucha contra la tortura; ni porque los detenidos hayan tenido que ser conducidos repetidas veces a un centro hospitalario; tampoco porque se haya sabido que la Ertzaintza almacena muestras de ADN de un amplio segmento de la población basándose únicamente en sesgados criterios ideológicos -un proceder que el juez encargado del caso ha validado de una manera que se puede calificar como mínimo de irregular-; asimismo, a nadie ha parecido escandalizar el hecho de que los medios de comunicación hayan roto todas las normas deontológicas del oficio al negar por principio la presunción de inocencia de los acusados y al basarse en fuentes policiales no contrastadas, lo que les ha conducido a caer en la propaganda y el sensacionalismo.

Sorprendentemente, la polémica política ha saltado a raíz del Informe Anual del 2009 Sobre el Terrorismo publicado por el Departamento de Estado de EEUU, («Country Reports on Terrorism» www.state.gov/s/ct/rls/ crt/2009/index.htm), el primero de esos documentos desde que Barack Obama fuera nombrado presidente. Ese texto dedica unos párrafos a la situación del Estado español en esta materia y, dentro de ese capítulo, considera que desde la llegada a Ajuria Enea de Patxi López se han implementado «una serie de políticas más inequívocamente antiterroristas para enfrentarse a ETA». El PNV, por boca de Joseba Egibar, saltó como un resorte a restar credibilidad al informe y a negar que se pueda ser más «inequívocamente antiterrorista» de lo que fueron el Departamento de Interior dirigido por Javier Balza o anteriormente por Juan María Atutxa. Mientras tanto la lehendakari en funciones, Isabel Celaá, valoraba muy positivamente el análisis del Departamento de Estado. El Informe, aunque la prensa no lo mencione, afirma también que ETA contaría con 300 militantes y que, a diferencia del resto de casos analizados en los que se centran en las actividades de los gobiernos, fue la única organización que en ese año, el 2009, realizó acciones armadas de «perfil alto» en el contexto europeo, en referencia a los atentados de Burgos y Mallorca de hace ahora un año. Al tratarse de un informe anual, no recoge que ésos son sus últimos atentados en este periodo.

Curiosamente, el informe de la Administración Obama no menciona que el «advenimiento» del «primer Ejecutivo no nacionalista» fue propiciado por la Ley de Partidos, norma que rompe el principio democrático de «un ciudadano un voto» y que fue aprobada en el delirio contra los derechos y las libertades básicas que promovieron los anteriores presidentes de ambos estados, George W. Bush y José María Aznar respectivamente.

El propio Informe, que se comenzó a editar a partir de 2004, es una herencia que Obama recibió de su antecesor, al igual que las guerras contra Irak y Afganistán o que las circulares que permitían las torturas a los detenidos y la cárcel ilegal de Guantánamo. Que todos esos fenómenos correspondan a una época marcada por ideas que él prometió desechar deberían indicar a la Administración Obama los límites de ese análisis de cara a establecer su política exterior, y debería mover a la reflexión al resto de políticos que las reivindican.

La «operación antiterrorista» que marcó 2009

No es difícil imaginar que ese Informe se construye a partir de las aportaciones de embajadores y de los servicios secretos. Mal anda la diplomacia yanqui si su información procede de ágapes entre diplomáticos y de relaciones entre policías locales y espías. El panorama vasco ha cambiado mucho en este tiempo y, a pesar de que el trabajo político e ideológico había sido previo, ese cambio se desencadenó a partir de una «operación antiterrorista» en octubre de 2009. Esa operación, casualmente, no aparece referida en el Informe, aunque en ella se detuvo a parte de la dirección de la izquierda abertzale que estaba realizando la clarificación estratégica que desembocó en la ponencia «Zutik Euskal Herria» y en las declaraciones de Altsasu e Iruñea. En esos documentos la izquierda abertzale asume, entre otras cosas, los Principios Mitchell -que hacen referencia al senador norteamericano que los propuso en Irlanda-.

Por otro lado, para hacer el Informe del presente año bien pueden preguntar a expertos como Raymond Kendall, que fue secretario general de la Interpol, o a Jonathan Powell, jefe de Gabinete del Gobierno británico que negoció el proceso político en Irlanda, ambos firmantes de la Declaración de Bruselas en la que se celebra los pasos dados por la izquierda independentista vasca y se promueven nuevos pasos.

Aunque, según el diccionario, diplomacia venga de «diploma», en Euskal Herria éste no es momento para otorgar títulos, sino para comprometerse con los derechos y las libertades, con la democracia.

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