El Constitucional anula el acuerdo militar entre Bogotá y Washington
El Tribunal Constitucional colombiano anuló el acuerdo suscrito en 2009 entre Bogotá y Washington que daba vía libre al Ejército de EEUU para actuar sin supervisión en Colombia, lo que provocó el malestar de los países de la región. Sin embargo, el Gobierno de Juan Manuel Santos puede eludir este veto si logra que el Congreso colombiano apruebe el acuerdo militar, un trámite que Álvaro Uribe no cumplió en 2009.
GARA |
El Tribunal Constitucional de Colombia dejó el martes sin vigencia el acuerdo militar firmado entre los gobiernos de Bogotá y Washington en 2009 hasta que la iniciativa surta los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobada por el Congreso colombiano.
Así lo anunció el presidente del alto tribunal, Mauricio González, quien constató que éste no es un acuerdo simplificado, sino que «involucra nuevas obligaciones del Estado colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como un acuersdo internacional».
Esto, en palabras de González, significa que debió ser «sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional».
Para el alto tribunal, el acuerdo firmado entre Colombia y EEUU en octubre de 2009 involucra compromisos como autorización para «acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero», «libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales».
Igualmente, autoriza el uso y porte de armas en Colombia «por personal extranjero y la extensión de inmunidad y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los EEUU».
De este modo, la pelota se sitúa ahora en el Congreso, donde las dos principales formaciones de la coalición del Gobierno de Juan Manuel Santos, el Partido de la U y Cambio Radical, avanzaron que tramitarán el acuerdo militar para superar el veto del Constitucional.
El embajador de EEUU en Bogotá, William Brownfield, por su parte, afirmó que consultará con el Gobierno colombiano la posibilidad de que el Congreso apruebe el acuerdo firmado en 2009.
En cualquier caso, el dictamen del Constitucional supone una nueva mancha en el historial del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que dejó el cargo rompiendo relaciones con Venezuela, una medida subsanada a los pocos días por su sucesor, Juan Manuel Santos.
La firma de este acuerdo, que permitió la apertura de siete bases estadounidenses en Colombia, ya provocó en 2009 el malestar de los gobiernos de la región. El primero en alzar la voz fue el mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien consideró el acuerdo como una amenaza para su país. Los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Bolivia, Evo Morales; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Chile, entonces Michelle Bachelet, también rechazaron el acuerdo.
«No me agrada nada una base estadounidense en la región», declaró Lula.
El Gobierno colombiano afirmó que acata la sentencia del Constitucional, pero puntualizó que no afecta a otros acuerdos bilaterales suscritos con Washington oficialmente para luchar contra el narcotráfico.
El izquierdista Polo Democrático Alternativo de Colombia (PDA) anunció el martes el envío a la Corte Penal Internacional (CPI) de un proceso parlamentario contra Álvaro Uribe, que fue cerrado sin consecuencias para el ahora ex presidente.
La causa, por injuria y calumnia a una comunidad campesina neutral ante el conflicto armado interno, fue cerrada o archivada por la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, informó en Bogotá el legislador Iván Cepeda.
Uribe había sido denunciado ante ese Comité por unas afirmaciones de hace ocho años en las que calificó de auxiliadores de la guerrilla de las FARC a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a los jesuitas que los acompañan.
Desde entonces, más de 150 miembros de dicha comunidad, incluidos dirigentes y niños, murieron a manos de paramilitares, en algunos casos en connivencia con militares, según constató la Fiscalía General.
Cepeda, miembro también del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), anunció la gestión ante el Tribunal con sede en La Haya tras lamentarse de la decisión sobre Uribe adoptada por el comité parlamentario, el competente en Colombia para juzgar las acciones del presidente. GARA
