Recientemente la organización Greenpeace presentó en Donostia el documento «La incineración de residuos en cifras. Análisis socio-económico de la incineración de residuos municipales en España». Importante argumento el económico, que los «incineradores» intentan ocultar ofreciendo datos parciales revestidos de mentiras cuidadosamente seleccionadas.

El dato fundamental que muestra el estudio de Greenpeace es que los costes económicos por tonelada incinerada que habitualmente ofrecen los dueños de las incineradoras y sus cómplices institucionales o periodísticos son fundamentalmente falsos por parciales: ocultan costes muy importantes que logran escabullir en sus contabilidades.

Para empezar, las incineradoras cobran a los municipios una tasa por tonelada quemada, pero esa tasa no paga todos los costes del proceso, ni muchísimo menos. Entonces... ¿cómo es que la incineración resulta rentable para los industriales de basuras?

Parte de la rentabilidad de las incineradoras reside en las subvenciones que la administración les concede por generar electricidad. En principio las subvenciones son para las energías renovables (eólica, fotovoltaica...), pero las administraciones han aceptado incluir en ese capítulo la energía obtenida de modo tan sucio y contaminante. Una aberración... pero que hasta ahora cuela.

Por cada tonelada de residuos que se ha incinerado en el Estado español, la Administración pagó como media 19 euros de ayuda en ese concepto. Si tenemos en cuenta que la media de tasas cobradas por los incineradores a cada ayuntamiento es de 65 por tonelada, 19 euros de subvención no es moco de pavo.

Pero resulta, además, que incinerar residuos urbanos acarrea unos costes ambientales muy importantes... que nuestros incineradores logran que no se paguen. Emisiones atmosféricas contaminantes, emisiones de líquidos, cenizas, escorias y otros residuos, el impacto visual y sonoro, etc. Existen modos de cuantificarlos en costes económicos. Greenpeace se hace eco de dos metodologías de análisis que llegan a cifras no muy distintas; en el caso del Estado español estos costes ambientales suponen como media otros 44 euros más por tonelada llevada a quemar.

Existe una directiva de la Unión Europea que obliga a las administraciones a hacer frente a dichos costes ambientales, al menos en parte. En casi toda Europa los estados penalizan cada tonelada incinerada y con el dinero de esas penalizaciones priman a los que gestionan mejor sus residuos. En Catalunya cada tonelada incinerada es gravada con entre cinco y 15 euros de «impuesto verde», con 7,43 euros en Flandes, y en Dinamarca con 44,32 euros. ¿Cuántos euros se cargarán -porque en breve va a ser obligatorio- a cada tonelada incinerada en Zabalgarbi-Bizkaia? ¿Y a las que se desean quemar en Zubieta?

Un tercer grupo de costes que los incineradores disimulan son las costosísimas inversiones iniciales. En el caso de Zabalgarbi, Greenpeace habla de 312 euros por habitante de Bizkaia. ¿Cuánto nos puede salir la «broma» de construir una incineradora en Zubieta a cada uno de los 700.000 gipuzcoanos?

Greenpeace resalta en su estudio más aspectos importantes. Por ejemplo, el hecho de que los ayuntamientos que gestionan sus residuos con incineración gastan en ese capítulo hasta un 29% más que los no incineradores, y también que las tasas por basuras cobradas a los ciudadanos son en los ayuntamientos incineradores entre un 14,2% y un 29,6% más elevadas que en los otros.

Mención especial merece la dimensión social-laboral de la opción incineradora: como media las plantas incineradoras emplean a 25 trabajadores por 100.000 toneladas quemadas, mientras que si se gestionan los residuos con otros sistemas alternativos como el basado en el puerta a puerta, se logra crear entre siete y 39 veces más empleos. Tema este más importante aún si cabe en el contexto actual de crisis.

Si los datos económicos hablan así de claro, nos podemos preguntar: ¿dónde está la madre del cordero de la opción incineradora? El gran robo funciona sobre la base de que los ciudadanos no se enteren de que pagan todos los costes, tanto los reconocidos (las tasas municipales por recogida de basuras) como los disimulados, que desvela Greenpeace.

Los 19 euros de prima por electricidad pseudo-limpia los pagaremos vía factura eléctrica o vía subvenciones salidas también de nuestros impuestos. Entre todos pagaremos la no penalización del impacto ambiental. Por un lado, se roba a los ciudadanos de localidades como Hernani, Oiartzun y Usurbil (próximamente Antzuola...) que con el puerta a puerta obtienen muy buenos resultados; a municipios que en toda Europa obtendrían primas y serían reconocidos como ejemplos a seguir por todos. Por otro lado, lo pagaremos todos los ciudadanos en costes sanitarios y de calidad de vida.

¿Y los más de 400 millones previstos para la planta de Zubieta? Los intereses y amortizaciones de los créditos los pagaremos los ciudadanos con nuestros impuestos, y también saldrán de nuestros bolsillos las subvenciones declaradas o encubiertas que vayan a lograr para esa fábrica de quemar residuos.

Existen importantes motivos de índole sanitaria que afectan a la salud, nuestra y de nuestros descendientes, para oponernos a que los residuos urbanos sean incinerados. También son notorios los impactos negativos en relación con la calidad de nuestro medio ambiente. Pero es que, además, incluso por cuestiones de eficacia y de justicia económica debemos rechazar un sistema de gestión despilfarrador de recursos y que supone un robo del dinero público de todos, que se lo quieren embolsar algunos grandes empresarios con la complicidad de responsables políticos y grandes medios de comunicación.