La UE discrepa sobre cómo utilizar los fondos de la tasa bancaria
El primer debate serio sobre la imposición de nuevas tasas a la banca en el seno de la Unión Europea (UE) dejó ayer al descubierto que, a pesar del consenso sobre su creación, se mantienen diferencias entre lo que cada país entiende que deben ser estos impuestos. Algunos estados quieren destinar los fondos que se consigan a sus maltrechos presupuestos en lugar de a un fondo de rescate bancario.
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Los líderes europeos acordaron el pasado junio la introducción de un impuesto a la banca como mecanismo para resolver futuras crisis. Ayer sus responsables económicos debían comenzar a perfilar una posición común sobre la modalidad del mismo y el destino de lo recaudado.
Pero la discusión preliminar de los ministros de Finanzas de la Unión Europea sólo sirvió para constatar la falta de unanimidad, según reconoció el ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, en la rueda de prensa que siguió al encuentro.
La Comisión Europea expuso dos documentos de trabajo en los que diferencia entre un impuesto sobre las actividades bancarias y una tasa sobre las transacciones financieras internacionales (también conocida como Tasa Tobin), que en principio no son excluyentes.
La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que el impuesto sobre las actividades bancarias suscita más apoyos que la tasa, debido a que esta última podría provocar, a su juicio, una deslocalización de las actividades si no se logra un gran consenso internacional al respecto.
Además, se corre el riesgo de que las entidades trasladen «el impuesto al consumidor final», lo que resultaría en un encarecimiento del servicio. Según Efe, tampoco existe acuerdo sobre el destino final de los ingresos que genere el impuesto.
La Comisión Europea apuesta por que el dinero alimente una red de fondos (uno por cada Estado miembro) que sean empleados para sufragar las futuras bancarrotas del sector, pero algunos países como el Estado francés y Gran Bretaña ya han anunciado su intención de destinarlo a las arcas públicas, maltrechas por la crisis..
«Cierta flexibilidad»
La Comisión Europea calcula que podría recaudar 26.215 millones en el conjunto de la Unión Europea a través de esa tasa. En todo caso, Salgado opinó que la Unión Europea dejará una «cierta flexibilidad a los países» para que decidan sobre la tasa bancaria.
El comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, en cambio, no se mostró tan optimista sobre la proliferación de distintos tipos de tasas en la UE, que podrían llevar a una «fragmentación reglamentaria» y «distorsiones de competencia», por lo que defendió acordar al menos la base imponible del impuesto.
También defendió que los recursos sean dedicados a fondos de resolución y no a las cuentas estatales, para evitar que la banca actúe de manera irresponsable con el colchón del presupuesto público. Por el mismo motivo, consideró crucial que el dinero sea destinado a la resolución ordenada de las entidades y no a su rescate.
Varios estados quieren destinar lo recaudado con la tasa a los bancos a aumentar sus cuentas públicas, menguadas por la crisis y por los rescates a los propios bancos. La Comisión no lo ve con buenos ojos porque cree que alentaría a la banca a actuar con irresponsabilidad.
Los ministros de Finanzas volverán a tratar el asunto en la reunión que celebrarán en Bruselas a finales de este mes, mientras que las propuestas legislativas concretas de la Comisión sobre el impuesto de las actividades financieras no llegarán hasta 2011.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron ayer el llamado «semestre europeo», una de las medidas destinadas a evitar futuras crisis, que permitirá que Bruselas evalúe los presupuestos estatales antes de que sean aprobados en cada país. Esta revisión del código de conducta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento permitirá que se vigilen las políticas presupuestarias de cada estado miembro para detectar «inconsistencias y desequilibrios emergentes» con mayor antelación de la prevista hasta ahora, según informó Efe. La reforma obligará a los gobiernos a enviar a Bruselas sus proyectos presupuestarios para el siguiente ejercicio en la segunda quincena de abril de cada año, con el objetivo de que las instituciones puedan evaluarlos y hacer sugerencias antes de que su aprobación parlamentaria dificulte cualquier cambio.
Cada ciclo de monitorización del semestre europeo, que se pondrá en marcha en la primavera de 2011, comenzará en marzo de cada año, cuando el Consejo Europeo identificará los «principales desafíos económicos» de cada país a partir de una evaluación del Ejecutivo comunitario y dará «consejos estratégicos» sobre sus políticas presupuestarias. Los estados miembros tendrán el mes de abril para revisar sus estrategias presupuestarias a medio plazo y, al mismo tiempo, redactar programas de reformas que expongan las acciones que tomarán en áreas como el empleo o la inclusión social. Durante los meses de junio y julio, los socios europeos aportarán consejos sobre las políticas de cada estado antes de que estos cierren sus presupuestos para el año siguiente. GARA
