La Audiencia Nacional española se encargará de juzgar a los cinco ultraderechistas de Falange y Tradición que fueron detenidos después de que, durante el verano de 2009, cometieran numerosos ataques contra monumentos relacionados con la memoria histórica y amenazaran de muerte a varios cargos públicos.

Así lo recogía en su edición de ayer «Diario de Noticias», que se hacía eco de una resolución tomada el pasado 9 de setiembre por el propio tribunal especial.

La detención de esos cinco ultraderechistas generó un problema de competencias en relación con el tribunal que debía encargarse de juzgar los ataques cometidos.

En un principio se hizo cargo del procedimiento el Juzgado de Instrucción nº 3 de Iruñea, pero en noviembre de 2009 su titular, María Paz Benito, decidió trasladar la causa a Madrid por entender que se trataba de «actos de terrorismo».

Esta misma jueza redactó un auto en la que imputaba a los arrestados varios delitos de «asociación ilícita, amenazas, coacciones y daños».

Sin embargo, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional, se negó a asumir este caso en un auto dictado pocos días más tarde. Esa negativa fue recurrida por la Fiscalía hasta en tres ocasiones, pero no prosperó, y finalmente ha sido la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que ha decidido que los hechos sean juzgados en la Audiencia Nacional.

Cinco ultraderechistas

Los cinco detenidos por los ataques fascistas son José Ignacio Irusta Sánchez, de 42 años, natural de Bilbo y residente en Sunbilla; Javier López Monreal, de 42 años y natural de Mendaza, que trabajaba de secretario municipal en Orkoien; Borja Pérez Illera, nacido en Irun hace 24 años; y Fermín Domingo Turrillas y David Murillo Eslava, ambos de 20 años, nacidos en Iruñea y residentes en Barañain.