La ordenanza pública sobre el uso y la ocupación del espacio público bilbaino, aprobada en pleno el pasado jueves, tuvo ayer respuesta en la calle, en el espacio que busca arrinconar el Consistorio de Iñaki Azkuna.

Cerca de 1.500 ciudadanos y decenas de agentes sociales, sindicales y políticos salieron a la calle para mostrar su malestar y plantar cara ante una decisión municipal que consideran «restrictiva y regresiva».

La marcha, que recorrió el centro de la capital vizcaina, contó con denuncias de diversa naturaleza ya que, además de las pancartas en las que se reclamaba que «la calle es de todos y todas» o que «se invalide la ordenanza aprobada», se podían observar lemas en defensa de la legalidad del top-manta.

Mediante el comunicado al que dieron lectura al final de la marcha, los convocantes denunciaron que los partidos que conforman el gobierno municipal, PNV e IU, «desean tener bajo control todo lo que sucede en la calle, y arrinconar y eliminar de la calle todo lo que pone en entredicho su modelo de ciudad y de sociedad».

Censuraron que, lejos de buscar soluciones concretas a los problemas de convivencia reales, la ordenanza municipal «se dedica a prohibir hasta lo que no existe», y como botón de muestra señalaron el veto impuesto a los inexistentes juegos de bumerán. Por contra, insistieron en que, respecto a las cuestiones que sí inquietan o provocan problemas de convivencia entre los vecinos, el Ayuntamiento «se limita a imponer sanciones, sin pensar alternativas», como el caso de prohibir el uso de bicis y patines en las aceras en una ciudad en la que apenas hay bidegorris.

Explicaron que la ordenanza tiene un campo de aplicación «desmedido», «pretendiendo regular y constreñir todas aquellas actividades que se desarrollen en la calle». Enumeraron las actividades ubicadas en la diana del Consistorio como las culturales o deportivas, prostitución, prácticas sexuales, juegos infantiles, andar en bicicleta, organización de eventos, música, venta en la calle, hostelería, obras en domicilios y mudanzas, publicidad, mesas informativas...

Los portavoces de la iniciativa denunciaron que la efectividad de la norma «se funda en un duro sistema de sanciones» y que las infracciones previstas son incontables y las sanciones, muy graves.

El Ayuntamiento, que aprobó en su sesión del jueves la nueva ordenanza, ha hecho oídos sordos a la oposición que ha levantado la misma, ya que en julio se presentaron alegaciones a la totalidad firmadas por 3.526 personas. Además, censuraron que el alcalde jeltzale, Iñaki Azkuna, se ha dedicado a «minimizar el alcance de nuestras protestas, cerrando toda posibilidad de participación y diálogo». En definitiva, criticaron que los partidos del gobierno municipal «han despreciado el debate social y han impuesto esta ordenanza».