Euskal Herria está viviendo la posibilidad de encauzar el conflicto político y la confrontación violenta hacia un escenario de paz y soluciones democráticas.

En esa dirección, se deberá asentar en primer lugar una situación de no violencia con garantías y un primer estadio de normalización política en base a los siguientes contenidos:

- La declaración de ETA de un alto el fuego perma- nente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada.

- El reconocimiento de los derechos civiles y políticos permitiendo la actividad y el desarrollo de todos los proyectos políticos, considerando que el reconocimiento y la protección sin excepción alguna de todos los derechos humanos es la base fundamental de los mismos. En este sentido, exigimos la derogación de la Ley de Partidos Políticos al constituir un instrumento jurídico sobre el que se sustentan las vulneraciones de derechos fundamentales.

- La desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones, y torturas contra toda persona por razón de su actividad o ideología política.- El cese de la política penitenciaria que se sigue contra los presos y presas políticas vascas, planteada hasta ahora como parte de estrategias de confrontación, y la adopción de las siguientes medidas como primer paso del camino hacia la amnistía, que conduzca a la ausencia total de presos/as y exiliados/ a consecuencia del conflicto político:

- Traslado de los presos/as a Euskal Herria finalizando la práctica de la dispersión.

- Liberación de presos/as con graves enfermedades.

- Concesión de libertades provisionales a todos los presos y presas preventivos pendientes de juicio en prisión.

- Concesión de libertades condicionales a todos los presos penados que hayan cumplido los requisitos legales.

- Aplicación sin restricciones ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos.

- Derogación de la legislación que impone 40 años de condena.

- La revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política.

- La derogación de jurisdicciones, de tribunales especiales, de toda legislación de excepción y con ella la desaparición de la incomunicación.

- El levantamiento de las medidas restrictivas y/o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes y organizaciones independentistas.

Las organizaciones políticas, sindicales y sociales demandamos a ETA y al Gobierno español la toma de las decisiones e iniciativas que permitan configurar un escenario de esta naturaleza, un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva.

Asimismo, las partes firmantes consideramos que en el marco de un proceso de estas características, donde se haya consolidado ese escenario de paz y normalización política suficientes, será imprescindible activar espacios de diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto.

Ese proceso de diálogo y negociación política se tiene que sustentar en los siguientes principios y contenidos:

- El diálogo y la negociación en todos los ámbitos se regirán por compromisos establecidos en los llamados «Principios Mitchell»:

- Uso de medios exclusivamente democráticos y pacíficos para resolver las cuestiones políticas

- Oposición a cualquier intento de utilizar la fuerza o amenazar con utilizarla para influir en el curso o en los resultados alcanzados en las negociaciones multipartitas.

- Compromiso de respetar los términos de cualquier acuerdo alcanzado en las negociaciones multipartitas, así como de recurrir sólo a métodos exclusivamente democráticos y pacíficos para tratar de modificar cualquier aspecto de esos acuerdos.

- El proceso de negociación para la obtención de acuerdos políticos será patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales.

- Los contenidos del diálogo político buscarán un acuerdo incluyente entre todas las culturas políticas del país, sobre el reconocimiento tanto de la realidad nacional vasca como del derecho a decidir, y el respeto a la voluntad popular democrática sobre el modelo jurídico-institucional interno, y sobre el tipo de relación con los estados, incluida la independencia.

- Necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias.

Hoy por hoy, como consecuencia del modelo social existente, la participación de los hombres y mujeres no es igual. Por ello, las mujeres deben ser sujeto activo de la solución, ya que no son ajenas al conflicto político.

Todos los postulados abordados en este documento son asumidos por las organizaciones políticas, sindicales y sociales firmantes del mismo, que se comprometen a cumplirlos y dar traslado de los mismos a agentes internacionales y a trabajar en la activación popular de la sociedad vasca para que su ciudadanía los haga suyos, y se sitúe como única garante de la evolución del proceso de solución democráticas.