El juicio por el conocido como «caso Malaya», el mayor escándalo de corrupción urbanística en la historia del Estado español, y el único que ha originado la disolución de una corporación municipal, arrancó ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga, informó Efe.

Un centenar de abogados se encargarán, mientras dure el proceso, de defender a los 95 imputados -sobre otros tres pesan órdenes de búsqueda y captura-, que están siendo juzgados por los delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación.

La magnitud del escándalo trastocó incluso el acontecer diario de la Ciudad de la Justicia. El acceso de los procesados y sus letrados se desarrolló sin incidentes en medio de una gran expectación mediática -se han acreditado unos 300 periodistas- y despliegue policial.

Entre los acusados hay ex alcaldes -Julián Muñoz y Marisol Yagüe-, numerosos ex ediles, empresarios, abogados, y el presunto cerebro de la organización, Juan Antonio Roca.

Según la Fiscalía, Roca ejerció una posición de «dominio» sobre el Consistorio de Marbella, con el que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que ascendió hasta ocupar el puesto de asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en el año 2003.

Petición fiscal

Para Roca, el fiscal pide 30 años de prisión además de 44 de inhabilitación, mientras que la ex alcaldesa Marisol Yagüe se enfrenta a 20 años de cárcel.

Durante la primera jornada de la vista oral -se prevé que duren un año-, parte del protagonismo fue copado por Rocío Amigo, letrada de Roca, quien solicitó la nulidad de las escuchas telefónicas relacionadas con su cliente «por falta de motivación» y «falta de proporcionalidad», entre otros argumentos, y demandó también la suspensión del juicio antes de su comienzo.

En una sesión en la que no hubo llamadas al orden dignas de mención, los abogados de los procesados se dirigieron al juez Miguel Ángel Torres, actual titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y primer instructor del «caso Malaya», con calificativos como «inquisidor» para criticar su actuación e incluso su «interés» en incoar el procedimiento, que tras su marcha siguió Óscar Pérez.

En sus intervenciones en la fase de cuestiones previas, los letrados de los procesados citaron otros casos judiciales contra la corrupción en el Estado español, como «Virgin» o «Gürtel», para justificar sus demandas.