Un grupo de personas, preocupadas por las recientes prohibiciones de manifestaciones, han decidido convocar una nueva para el sábado 2 de octubre. Además de reclamar el derecho de manifestación, dos reivindicaciones presiden esa convocatoria: «ninguna imposición, ninguna violencia» y «sí a los derechos humanos, civiles y políticos».

Quienes suscribimos este escrito, miembros de la asociación de profesorado universitario Elkarbide, apoyamos esa convocatoria porque creemos que se sitúa en el espacio público en el que hoy, en toda Euskal Herria, deben situarse las prioridades políticas: en la defensa de la paz y de la justicia.

Unas semanas antes de que la bomba de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas pusiera música de entierro al anterior proceso de paz, desde Elkarbide propusimos públicamente cuatro medidas para dar estabilidad a los deseos ciudadanos de paz y justicia:

La humanización del conflicto que exigía el reconocimiento de las víctimas de ETA y de los atentados de la extrema derecha, el acercamiento de presas y presos de ETA a Euskal Herria, la supresión de la incomunicación y el cumplimiento de protocolos garantistas para las personas detenidas en comisarías.

El cese definitivo de todo tipo de acciones armadas de ETA, así como de la kale borroka.

La derogación de la Ley de Partidos con la consiguiente legalización de la izquierda abertzale y que todas las personas y todas las corrientes políticas pudieran actuar en la vida pública o ejercer representación en la misma sin ningún tipo de amenazas.

El reconocimiento de vías jurídicas para que la ciudadanía vasca, teniendo en cuenta la diversidad de administraciones institucionales en que está dividida, pudiera ejercer el derecho a decidir las propias relaciones entre tales administraciones, así como con las de otras naciones y pueblos de su entorno.

Conviene recordar que, pese a los grandes avances de los Acuerdos de Loiola, aquella tregua sufría ya una profunda erosión en la que el inmovilismo del Gobierno de Madrid tenía mucha responsabilidad. Por eso, también dijimos que cada actor político (los gobiernos de España y Francia, el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra, los partidos o corrientes políticas y ETA) debía tomar de forma unilateral lo que en ese cuadro de decisiones correspondía a cada cual. Que todo lo que fuera establecer acuerdos entre tales actores políticos sería positivo, pero que esto no podía seguir funcionando como excusa para atrasar la hora de la paz y de la justicia, hora para la que las decisiones irreversibles, aun siendo individuales, eran garantía insustituible.

Hoy seguimos pensando lo mismo. Pero cada momento de la historia suele tener un punto de inflexión que si se toma bien puede ayudar a mejorar todo un proceso. Hoy y aquí, que la manifestación solicitada para el 2 de octubre pueda celebrarse y sea multitudinaria, puede ser ese punto de inflexión y puede convertirse en un lugar de convergencia entre quienes desde distintas sensibilidades anhelamos la paz y la justicia.

Quizá desde algún lugar de la Administración se diga que manifestaciones como ésta sólo hacen el caldo gordo a ETA. Sinceramente, no. Todos los pasos que el día 2 de octubre caminen hacia adelante en manifestación, estarán dejando a ETA fuera del escenario político, relegada en exclusiva, fuera de la política, para resolver con el Estado el fin de la violencia, las cuestiones sobre desarme y presos y todos esos pasos estarán exigiendo que no haya una sola persona amenazada por ella. Y cada uno de esos pasos adelante estará exigiendo e imponiendo un escenario donde ningún sector de la izquierda abertzale se vea privado de uno solo de sus derechos a la expresión y representación política, ni detenido, encarcelado o condenado por ejercerlos. Esto será la manifestación del 2 de octubre y por eso la apoyamos.

Queremos mirar, también, a nuestra Universidad y queremos reivindicar sus deberes a favor de la paz y de la justicia hoy y ahora. Las instituciones universitarias deben ocupar su propio espacio en este proceso y lo deben hacer de una manera pública y, en todo lo que se pueda, publificada; un espacio eminentemente ético, cívico e intelectual orientado a propiciar cuantas medidas favorezcan el fin de la violencia y el pleno ejercicio de los derechos humanos e impulsen para ello el diálogo y la participación social.

Además la Universidad, con el compromiso activo de todos los componentes de la comunidad universitaria, debería convertirse en un espacio en el que la defensa pública y activa de la paz y la justicia se ejerciera con la máxima participación de sus miembros (y no sólo de sus instituciones), con el diálogo y con acuerdos. Quienes suscribimos este documento nos comprometemos, especialmente, con este nuestro deber universitario.

(*) Además del firmante suscriben este artículo X. Ezeizabarrena, J.R. Bengoetxea, A. Lizarralde, J.M. Castells, P. Zabalo y M. De La Fuente, miembros de Elkarbide, asociación universitaria por la paz y el diálogo en el conflicto vasco.