En su última visita a EEUU, Zapatero buceó en el Antiguo Testamento para convencernos de que el socialismo todavía corre por sus venas. «No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus compañeros o un extranjero que vive en alguna de tus ciudades de tu país». Este desacomplejado ejercicio de cinismo difícilmente puede ocultar la identidad de un Gobierno que este año ha reproducido paso a paso el ideario político de la derecha más recalcitrante y orgullosa.

El primer zarpazo del Gobierno de Zapatero llegó en mayo con un paquete de medidas destinadas a reducir la deuda pública. En lugar de aumentar la progresividad fiscal o regular la actividad de los sectores culpables de la crisis, el Gobierno de Zapatero arremetió contra el gasto social reduciendo, entre otras cosas, las pensiones, el gasto en dependencia y el salario de los funcionarios del Estado. La deriva neoliberal y las amenazas contra el menguante «estado de bienestar» no terminaron aquí. Hace dos semanas se aprobó una reforma laboral que fomenta la precariedad dando carta blanca al encadenamiento infinito de contratos temporales, permitiendo el despido gratis (el libre hace tiempo que existe) y propiciando la vía del «descuelgue» ante los convenios colectivos ya pactados.

La ofensiva continuará en noviembre. El Gobierno anunciará su nueva versión del sistema de pensiones. Las consecuencias, si no lo remediamos, suponen el aumento de los años de vida laboral exigidos para obtener derecho a la prestación íntegra, ampliación de la base de cálculo a los veinte años últimos y aumento de la de la edad de jubilación a los 67 años.

Este desmantelamiento de las conquistas logradas mediante años de lucha no puede comprenderse sin la complicidad de los sindicatos mayoritarios del Reino de España, sin la cual no estaríamos en esta tesitura, no de forma tan sencilla para los poderes fácticos. Los sindicatos mayoritarios del Estado han practicado una actividad sindical desmovilizadora, institucional, tecnócrata y de despacho durante muchos años, desatendiendo las problemáticas específicas de los colectivos más desfavorecidos. El sindicalismo oficial se ha centrado en un único modelo de trabajador, vinculado mayoritariamente a las grandes empresas y con un contrato más o menos estable, una categoría en extinción atendiendo a la evolución del mercado de trabajo. Frente a un sindicalismo de clase y combativo que se confronta con los gobiernos y con las patronales ha triunfado la comodidad y la servidumbre al dinero público.

Las razones para el descontento son muchas, pero la jornada de la huelga general no es un día de juicio o protesta contra la complacencia del sindicalismo oficial sino una nueva oportunidad para articular una propuesta contra el Gobierno por haber capitaneado un bloque neoliberal en el que se integra, como socio protector, el nacionalismo conservador del PNV, que no duda en, por una parte, jurar defender eternamente al pueblo vasco y, por otra, apoyar el aumento de las desigualdades y la eliminación de derechos de ese mismo pueblo. Ante este brutal ataque sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la ciudadanía debe generar una revuelta contra esta injusticia y luchar por más democracia, mayor «estado de bienestar» y mejores relaciones laborales.

Debemos dejar de pensar que no hay soluciones. Dejar de pensar que puede haber soluciones pero que no dependen de nosotros. Sí, hoy más que nunca, necesitamos un pensamiento crítico, radical y antisistema que abra nuevos espacios y permita unir fuerzas, aglutinar esfuerzos y lograr los cambios que la mayoría necesitamos.

Por estos motivos desde Alternatiba apoyamos la huelga general. Por ello queremos una convocatoria en el que se sumen todas las organizaciones sindicales para la acción del 29 de septiembre.