El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Córdoba con destitución e inhabilitación por un plazo de 18 años bajo la acusación de haber promocionado y colaborado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Córdoba facilitó en su día contactos y gestiones con las FARC para la liberación de algunos rehenes de esa guerrilla y lidera el grupo «Colombianos y Colombianas por la Paz».

Según la Procuraduría, la investigación se inició a partir de documentos hallados en los ordenadores el ex portavoz de las FARC, «Raúl Reyes», que probarían que Córdoba «se extralimitó [...] en la autorización del Gobierno para gestionar el intercambio humanitario».