No es habitual, ni muy probable, que prospere una denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra un estado miembro de la UE. Sin embargo, a veces, por diferentes razones, como la evidencia de la vulneración de derechos en el caso denunciado, el estado resulta condenado. Así ha ocurrido con el caso del preso político vasco Mikel San Argimiro, que ha concluido con la condena al Estado español por no investigar la denuncia de torturas que aquél hizo tras su paso por dependencias de la Guardia Civil cuando fue detenido, en mayo de 2002. Ésta es la tercera ocasión en la que ese tribunal condena al Estado español tras sendas denuncias de ciudadanos vascos. En 1992 dictó sentencia favorable al abogado Miguel Castells y sancionó al Estado español por violación de la libertad de expresión al condenar a Castells por un artículo en el que denunciaba precisamente la falta de investigación de la muertes causadas por las fuerzas policiales y la guerra sucia. La segunda condena se produjo en enero del pasado año, cuando el tribunal dio la razón a la denuncia del joven iruindarra Mikel Iribarren 17 años después de la brutal agresión que sufrió a manos de la Policía española.

No obstante, la condena dada a conocer ayer, al igual que las dos anteriores, carece de interés informativo según el curioso criterio de la mayoría de medios de comunicación españoles y vascos.