Maite UBIRIA I

El debate sobre el proyecto de Presupuestos para 2011 se abre hoy en el Estado francés, donde el ambiente de movilización social contra la reforma de las pensiones se dejará sentir en la actividad parlamentaria.

Antes incluso de comenzar el debate sobre la política de rigor económico que proclama Matignon por boca de su ministra de Economía, Christine Lagarde, el Gobierno conservador ha debido emplear su rodillo parlamentario no ya para enfrentar la embestida de la oposición, sino para abortar una rebelión más cercana. Un total de 127 diputados de la UMP registraban una enmienda, finalmente rechazada en comisión, para modificar el sistema fiscal que permite pagar menos al que más tiene, el llamado bouclier fiscal, y el Impuesto sobre la Fortuna.

La crisis económica y la política de recorte generalizado de gasto han hecho más evidente el carácter evidentemente injusto de la fiscalidad gala.

Mientras el gobierno encadena, una tras otra, medidas que prometen castigar todavía más a las capas sociales más perjudicadas por la crisis económica, el Elíseo sigue ejerciendo de escudo para las grandes fortunas.

A la amnistía fiscal promulgada el año pasado para los evasores de impuestos que acordaran ponerse al día con la Hacienda francesa se suma hoy la defensa contra viento y marea del generoso trato que dispensa el fisco francés a los más ricos, vía Impuesto sobre la Fortuna.

Aunque ese trato de favor no ha evitado que los ricos sigan eludiendo sus obligaciones con la colectividad -el escándalo de la heredera de L'Oréal, Vivianne Betencourt es paradigmático- el presidente francés se mantiene firme en su argumento de que un aumento de la presión fiscal hacia los ciudadanos más acaudalados, «provocaría la estampida de capitales franceses», lo que el gobierno conservador interpreta como un hándicap mayor de cara a materializar la ansiada recuperación.

La certeza o falsedad de esos temores es imposible de comprobar, ya que el Elíseo se niega no ya a gravar a los más afortunados sino, por descontado, a arbitrar medidas punitivas destinadas a hacer desistir de propósitos a los defraudadores.

Sin embargo, en un contexto de disminución de la recaudación global, la renuncia a hacer contribuir a quien dispone de mayores recursos más tiene una traducción tan clara como impopular: el aumento de las cargas para las rentas medias.

Falta de claridad

La campaña de la izquierda parlamentaria contra el bouclier fiscal ha llevado al Gobierno a situarse a la defensiva. Prueba de ello, la ministra Lagarde, entrevistada el pasado jueves por el rotativo económico «La Tribune», contestaba con evasivas a la pregunta de si ese sistema de desgravación es «un símbolo de la injusticia social».

«Si observamos el sistema en tanto que técnica fiscal nos encontraremos con una herramienta legítima, si no se utiliza ni en exceso, ni con ánimo de abuso. La fiscalidad no debe ser entendida como una mera táctica confiscatoria» afirmaba Christine Lagarde. La respuesta de la ministra no descarga de responsabilidades a su gobierno en el mantenimiento de un sistema que ofrece múltiles oportunidades para rebajar la aportación fiscal. Lagarde era menos explícita aún a la hora de aclarar si el Gobierno prevé introducir modificaciones de peso en los impuestos relativos al Patrimonio o en el Impuesto de la Renta.

«Hay que analizar en profundidad la fiscalidad relativa al patrimonio, teniendo en cuenta todos los aspectos, y marcando claramente los objetivos en el plan económico» señalaba, eludiendo pura y simplemente responder sobre las intenciones del gobierno respecto al Impuesto sobre la Renta, el que afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos franceses.

Segunda respuesta hermética de la titular de Economía para una espinosa cuestión, la reforma fiscal que Sarkozy se ha sacado de la chistera para atemperar las críticas que llueven sobre la política que propone el Gobierno de derechas para atajar el déficit en el Estado francés.

Pobres automovilistas

De lo que ocurrido en el trámite en comisión del Presupuesto para 2011 ya sabemos algo: para compensar el déficit público, el Gobierno quiere subir las multas de tráfico. Por anecdótica que parezca la medida, si los parlamentarios refrendan la media de aumentar de 11 a 20 euros las multas menores -por estacionamiento indebido- las arcas públicas se verán recompensadas con unos 382 millones suplementarios.

La medida que castiga por igual al conductor de un Jaguar y al del utilitario más modesto, prestará al Estado un doble servicio. Esas multas menores van a parar a las haciendas de las instituciones locales, argumento que sin duda empleará para racanear con su aportación económica en favor de las instituciones cercanas a la ciudadanía.

En contrapartida a ese asalto democrático al bolsillo de los automovilistas, el presupuesto contempla pequeños castigos a las rentas más altas.

Quizás para atemperar las críticas recibidas por los apoyos millonarios con dinero público a las entidades bancarias, el Presupuesto 2011 eleva en un punto la tasa aplicable a las plusvalías en la adquisición de stock-options y pese a no encarar el problema real del Impuesto sobre la Fortuna rebaja los beneficios de los que han venido beneficiándose los ciudadanos más acaudalados por el hecho de invertir en pequeñas y medianas empresas (PME).

Pese a que ese auténtico coladero fiscal no desaparece, a los que se sirven de esas inversiones para desgravar no les aplicarán la actual rebaja del 75% sino una del 50%. En otro guiño a una opinión pública desmoralizada por la perspectiva de ver aumentada la edad de jubilación y furiosa por los retiros dorados a los que se acogen algunos altos cargos de grandes empresas, el Presupuesto fija límites, usando como baremo los convenios laborales de cada compañía, para esas indemnizaciones millonarias.

Los nómadas pagarán menos

Con la que ha caído por la política de expulsiones de ciudadanos romaníes hacia sus estados de origen, durante el pasado verano, es lógico que la presa gala haga chanzas estos días con otra de las medidas «estrella» del Proyecto de Presupuestos.

Tras las quejas por la amalgama discriminatoria a la que ha dado lugar una medida que ha merecido la amonestación internacional, el Gobierno ha decidido premiar fiscalmente a los gitanos autóctonos - o los nómadas o las gentes de viaje-.

En el Proyecto de Cuentas se contempla una rebaja del 19,6% al 5,5% en la tasa de IVA que pagan por alquilar parcelas en campamento, de modo que se les iguala a efectos fiscales con los dueños de los campings.

Por lo demás, el proyecto de Presupuestos premia en forma de rebaja fiscal o devolución las inversiones en la vivienda, y aunque por decisión de última hora, se libran del recorte previsto las inversiones para adaptar las casas a los imperativos de reducción del consumo energético. También se premia la inversión en inmuebles o residencias destinadas al alquiler, el ahorro en productos financieros que prediquen fines sociales o de sostenibilidad ecológica, o las inversiones en espacios naturales y en preservación del patrimonio. A partir de 2012 se suprimirá el sistema se doble declaración para las personas que contraigan matrimonio o firmen un contrato de vida en común ( PACS) en 2011. Y las personas divorciadas en el año deberán presentar dos declaraciones de impuestos separadas.

El proyecto de Presupuesto responde al objetivo global de rebajar el déficit público en un 6,0% respecto al PIB para finales de 2011, a sumar a una reducción del 7,7% a finales de este año. Ello en base a una aceleración del crecimiento económico del orden del 2%, un control exhaustivo del gasto público y una reducción de unos 10 millardos de euros procedente de los llamados nichos fiscales.

Los diputados franceses abordan en debate público desde hoy lunes el examen de la primera parte de este proyecto de Cuentas que ha recibido las críticas de la oposición de izquierda que ha visto como el Gobierno rechazaba su propuesta estrella de hacer contribuir a los franceses residentes en el extranjero.

Durante el trámite en comisión, la mayoría de la UMP ha aceptado algunas propuestas del grupo centrista, como el crédito a la inversión en energías renovables. El voto sobre el proyecto de Cuentas está previsto para el 26 de octubre.