El jefe de Gobierno tailandés, Abhisit Vejjajiva, compareció ayer ante el Tribunal Constitucional para defender a su formación, el Partido Demócrata, de la acusación de financiación ilegal, que conlleva la disolución de una fuerza política.

Durante su declaración, recogida por Efe, el mandatario negó que su formación recibiera en 2005 una donación equivalente a 6,17 millones de euros de la empresa TPI Polene, para costear la campaña electoral celebrada en aquel año, vulnerando de esta manera la ley de financiación de partidos políticos.

El jefe del Ejecutivo rechazó también que un militante del Partido Demócrata se reuniera con uno de los magistrados para tratar de manipular el fallo, antes de que se fijara la próxima vista para el 29 de octubre.

En caso de que el Constitucional emita una sentencia de culpabilidad, ordenará disolver la formación e inhabilitar a todos sus dirigentes entre 2004 y 2005, pues la legislación que rige en el país prohíbe a los partidos financiarse con donaciones del sector privado.

Además, el partido gobernante tiene pendiente otro juicio por supuesto uso fraudulento de un préstamo equivalente a 715.000 euros para la misma campaña electoral.

La oposición, integrada por aliados del depuesto mandatario Thaksin Shinawatra, cree que el Partido Demócrata teme la disolución y ha registrado unas nuevas siglas bajo las cuales podrían concurrir a unas eventuales elecciones, pero el Gobierno lo niega y exige pruebas a sus detractores.

Tailandia sufre una grave crisis desde el golpe de Estado que en 2006 derrocó a Shinawatra -considerado líder de los «camisas rojas», que ocuparon el centro de Bangkok durante dos meses-, quien desde el exilio se resiste a perder protagonismo.