Una veintena de médicos y abogados dispuestos a asistir a las personas que son incomunicadas durante el periodo de detención y a las que la Audiencia Nacional española les niega este derecho compareció ayer en Bilbo para animar a la ciudadanía vasca a participar en la manifestación que el 30 de octubre, a las 17.00, partirá del túnel del Antiguo, en Donostia, bajo el lema «Torturarik ez!».

En nombre de los letrados, Atxarte Salbador explicó cómo su labor es obstaculizada desde el principio, recordando que la incomunicación propicia que se conculque el derecho básico a la defensa y que la propia Ley española de Enjuiciamiento Criminal sirve de base jurídica. Haciendo mención a que el Relator Especial contra la Tortura de la ONU considera la incomunicación como un «trato cruel, degradante, insoportable o como tortura», indicó que ellos son testigos directos de esos hechos.

«Cada vez que a un detenido se le levanta la incomunicación, podemos ver en sus ojos el rastro de la tortura. Somos testigos de las heridas que deja permanecer durante cinco días totalmente aislado, así como las secuelas de la violencia policial», manifestó la abogada, que comentó que es así como se obtienen declaraciones inculpatorias para imponer duras penas y también para criminalizar su labor. Afirmó que, con esta práctica, el Estado español trata de «obstaculizar el trabajo de defensa por los derechos de los y las represaliadas políticas vascas».

Mati Iturralde aportó su experiencia como médica, señaló que en los últimos tres años a algunos de ellos se les ha permitido asistir a incomunicados en compañía del forense del tribunal especial español; «esos mismos médicos [forenses] que dijeron que la cara que vimos a Unai Romano era consecuencia de autolesionarse o los mismos que dijeron que Mikel Zabalza era capaz de nadar teniendo las manos esposadas a la espalda».

Criticaron que esta práctica les impide tener un encuentro privado con los arrestados o hablar en euskara y añadió que, cuando constatan indicios de malos tratos, los jueces ni siquiera quieren recibir sus informes. Además, incidió en las graves situaciones de estrés o secuelas físicas que padecen muchos detenidos una vez en prisión, lo que agrava su estado.

Lorea Bilbao, de Torturaren Aurkako Taldea, centró su alocución en las trabas que ponen los jueces para que se inicie cualquier investigación relacionada con la tortura y en cómo el Estado español ha sido condenado por no investigar el caso del donostiarra Mikel San Argimiro. «Sabemos que la guerra contra la tortura no se gana en los tribunales y que debemos seguir trabajando hasta la desaparición de toda esa maquinaria que permite, esconde y ampara la tortura», manifestó.

De ahí el llamamiento a acudir a la marcha de Donostia y sus compromisos para luchar contra esta práctica execrable, de la que dijeron que «es una realidad en Euskal Herria.; los casos de tortura no son una excepción».

«Exigimos que se acabe de una vez por todas con la práctica de la tortura. Reivindicamos que se establezcan las medidas y garantías necesarias para que nadie más sea torturado», añadió Bilbao, antes de reclamar que se proporcionen los «medios necesarios» para que las víctimas «puedan superar los efectos»..

No faltó el emplazamiento a las instituciones para que también adquieran «compromisos claros» en la erradicación de esa lacra y, para lograrlo, consideran «imprescindible» que se acabe con la incomunicación en las comisarías y los cuarteles.