La Cámara de Diputados uruguaya dejó el miércoles sin efecto la norma que permitió la impunidad de los crímenes de Estado cometidos en la dictadura (1973-1985), conocida como Ley de Caducidad y que había sido ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.

El proyecto de ley que declara inaplicable la Ley de Caducidad, impulsado por el izquierdista Frente Amplio (FA) y que todavía debe ser ratificado por el Senado, fue aprobado con el voto favorable de 5o de los 80 parlamentarios presentes.

Según el texto aprobado, los tribunales uruguayos tendrán que considerar protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país y que por tanto hacen inaplicable la Ley de Caducidad.

La medida llegó tras doce horas de debate y fue posible gracias a la mayoría que el Frente Amplio tiene en la Cámara, ya que contó con el rechazo frontal de todos los partidos opositores, encabezados por el Nacional y el Colorado.

La discusión parlamentaria fue acalorada, con gritos, acusaciones e incluso algunas lágrimas, y fue seguida por decenas de personas en los anfiteatros del Palacio Legislativo, mientras defensores de derechos humanos protestaban con pancartas en el exterior del edificio.

Para lograr la mayoría, el Frente Amplio obligó a todos sus parlamentarios a apoyar esta medida, después de que varios expresaran sus dudas sobre la idoneidad de la propuesta a lo largo de la semana.

«Vamos a votar esta ley por razones de disciplina partidaria», admitió en su intervención el parlamentario frenteamplista Carlos Gamou.