Cinco responsables de una obra de construcción en el barrio Guadalupe de Legorreta en la que dos trabajadores -Angel B. N, de 37 años y J. M. R. Z. de 53 años- murieron sepultados por un corrimiento de tierra el pasado 12 de setiembre de 2005 han sido condenados a dos años de cárcel y a diferentes penas de inhabilitación por un juzgado de Donostia. Los condenados son el administrador de la constructora, el arquitecto, el aparejador y los encargados de obra de las dos empresas que realizaban los trabajos, una como empresa principal y la otra como subcontrata, es decir Urrela y Cons- trucciones Zuga.

Durante el juicio por estos hechos, los cinco imputados, que han compensado económicamente a las familias de las víctimas, se mostraron conformes con la petición de pena que hizo la Fiscalía, por lo que ahora han sido condenados a penas que suman dos años de cárcel por dos delitos de homicidio imprudente y un delito contra los derechos de los trabajadores con la atenuante de haber reparado el daño causado.

También han sido inhabilitados por dos años para el ejercicio de sus respectivas profesiones y deberán pagar sendas multas de 540 euros

Según la sentencia del caso, a la que ayer tuvo acceso Efe, los hechos se produjeron en las obras de construcción de un edificio de tres alturas cuando, tras derrumbar el inmueble que había ocupado el solar, varios trabajadores se disponían a finalizar la excavación y vaciado del terreno para levantar los cimientos y los muros del perímetro del sótano. En este contexto, el conductor de una retroexcavadora comenzó entonces a horadar junto al solar del edificio colindante un pozo para colocar la zapata del foso del ascensor, bajo la dirección técnica de uno de lo dos encargados de obra acusados.

Lluvias y filtraciones

Una vez finalizada la excavación, los encargados ordenaron a tres trabajadores que descendieran al pozo, junto a uno de ellos para terminar de limpiarlo. Sin embargo, «tras días de cuantiosas lluvias», empezó a filtrarse agua en el interior de la excavación, por lo que el encargado salió fuera para coger una bomba de achique. Uno de los tres trabajadores que se quedaron en el lugar se percató de que comenzaban a producirse «leves desprendimientos de tierra», se dio cuenta de que existía «peligro de derrumbe» y abandonó el pozo al tiempo que comenzó a gritar para advertir a sus compañeros.

A continuación, las tierras del talud vertical se derrumbaron y sepultaron a los dos operarios que quedaban dentro del agujero, uno de los cuáles murió en el acto, mientras que el otro lo hizo horas después.

La sentencia considera que los encausados «no adoptaron las necesarias medidas de seguridad» en esa obra, ya que los trabajadores «se situaron dentro de un pozo ante un talud de tierras inestable y dentro del radio de acción de un derrumbe por el propio empuje del terreno colindante, sin ningún tipo de entibación, apuntalamiento u otra medida preventiva». El documento precisa asimismo que los procesados no tuvieron en cuenta que el peso del edificio colindante a la obra que se realizaba y las aguas pluviales y fecales del terreno procedentes de las tuberías de desagüe cercanas podían «contribuir a la aceleración».

La sentencia indica que el plan de seguridad y salud en el trabajo de ambas empresas constructoras «no especifica las anchuras a guardar entre bataches ni el riesgo por desprendimiento de taludes de tierra, si bien sí prohíbe que el personal trabaje junto a planos inclinados con fuerte pendiente».