Delegados de ELA y UGT de la Administración foral de Bizkaia se concentraron ante la Diputación para protestar por «la campaña de difamación que estamos sufriendo los funcionarios». Denunciaron que antes de los recortes aprobados en el Estado español, «ya habían empezado en Bizkaia» y ahora «se produce una campaña de difamación, al indicarnos que necesitamos más medidas de control que el fichaje habitual», según Aimar Sáenz de Buruaga, miembro de la Junta de Personal por parte de ELA. LAB, por otro lado, censuró la actuación de la Diputación porque «al desprestigiar la labor del personal de los servicios públicos, alimenta la falsa idea de que la gestión privada es mejor que la pública y más barata, objetivo hacia el que, sin duda alguna, nos quieren llevar».

A juicio de la central, el «descrédito público, apoyado por medios de comunicación», se acompaña de «una calculada política de no sustituciones y falta de personal que busca crear una falsa sensación de ineficacia de la Administración, para, a renglón seguido, lanzarse a la privatización y a la gestión privada, el gran pastel con el que sueñan políticos y sus empresarios `amigos'».