Como si de una inevitable rutina estacional se tratara, otoño vuelve a quedar marcado por el ensañamiento represivo en Euskal Herria. Las tres redadas encadenadas bajo las etiquetas de Ekin, Askapena y Segi reproducen la secuela tejida el año pasado a estas alturas con las detenciones de Arnaldo Otegi y sus compañeros, de 34 jóvenes independentistas y de otros presuntos miembros de Ekin. Por encima de la eterna sensación de déjà vu, de la indignación acumulada y del hastío generalizado, a estas alturas nadie duda de cuál es el principio que guía al Gobierno del PSOE y que puede resumirse en una frase que, paradójicamente, antes se había usado mucho como acusación contra la izquierda abertzale: Cuanto peor, mejor.

Tras haber perdido, en buena medida, la iniciativa política a manos de los independentistas, el Ejecutivo español podía haber tratado de acompañar los movimientos o, al menos, de no incomodarlos. Ha elegido otra opción: situarse en posiciones de boicoteo mediante la utilización de detenciones absolutamente arbitrarias y abusivas. Sería absurdo pensar que Rubalcaba y su equipo aún creen que con ello pueden condicionar las posiciones de la izquierda abertzale, acelerar sus movimientos, o crearle contradicciones y fisuras. A estas alturas, el objetivo gubernamental ya es todavía más trivial: recrear la falsa imagen que el tránsito independentista está obligado por los embates represivos y no por la convicción de que la nueva estrategia será más eficaz. Y para ello, el nuevo vicepresidente del Gobierno español parece haber creído realmente que cuanto peor, mejor.

Sin embargo, cualquier experto en solución de este tipo de conflictos -y el Gobierno también tiene asesoramiento muy directo en esta materia- sabe que los éxitos de estos procesos se basan en que su propiedad sea compartida por todos los agentes y sabe que llega un momento en que las estrategias de agresión a la otra parte dejan de tener sentido y resultan contraproducentes para quienes la practican. Es decir, que llega un momento en que hay que empezar a funcionar sobre otra clave: cuanto mejor, mejor.

La unidad y la credibilidad

La prevalencia dada a la cuestión vasca en el cambio de gobierno, con el ascenso de Rubalcaba al puente de mando del Consejo de Ministros y la entrada de Ramón Jáuregui en el equipo, no ha pasado desapercibida pero tampoco permite sacar conclusiones, y menos aún si se repara en sus trayectorias. La experiencia en recetas fracasadas, desde la guerra sucia de los GAL hasta el proceso de negociación frustrado de 2005-2007 pasando por Argel y demás, aporta elementos de juicio suficientes para encarar esta nueva oportunidad. Habrá que ver, por ejemplo, si la «unidad» no vuelve a ser usada como subterfugio para el inmovilismo. Por ahora, Rubalcaba ha dicho que de aquí en adelante será cada vez más difícil mantenerla.

Este mensaje novedoso iba dirigido al PP, pero el PSOE le debe otro a Euskal Herria, donde la estrategia caracterizada por redadas como la del viernes le deja en entredicho. Resulta significativo, y debiera ser preocupante para el PSOE, que en la balanza la izquierda abertzale le supere en credibilidad en lo que respecta a la voluntad de solución del conflicto. Mientras hasta Zapatero admite ya que sus movimientos son reales y añade que «no serán en balde», desde Euskal Herria lamentablemente nadie puede decir todavía que el Gobierno español haya dado siquiera «pasos insuficientes». Es todo un síntoma que EA, Aralar, incluso el PNV, hayan renunciado de forma cada vez más explícita a establecer el «cordón sanitario» en torno a la izquierda abertzale que pidió el ministro del Interior hace un año, cuando les exhortó a que hicieran el vacío a sus propuestas. La unidad se le ha resquebrajado al PSOE en Euskal Herria, y la credibilidad, también.

Dos juicios significativos a la vista

Las debilidades de la posición estatal deben quedar forzosamente a la vista en dos juicios que están a la vuelta de la esquina. Mañana arranca en Donostia el proceso a quince guardias civiles por el trato infligido a Igor Portu y Mattin Sarasola. Los avances del sumario han sido tapados por un clamoroso silencio gubernamental y mediático, pero será difícil poner sordina al desarrollo del juicio. No sólo se juzga a esos agentes, sino al sistema que permite que -ya sea por acción o por omisión de sus jefe políticos- unos guardias civiles no tengan reparo alguno en llevar a dos detenidos a un río y en que uno de ellos acabe en la UVI de un hospital.

Después, el 11 de noviembre en Madrid, tres dirigentes políticos, Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez serán juzgados por proponer una metodología de solución en 2004 en el Velódromo de Anoeta, que no sólo fue apoyada con su presencia por 15.000 personas sino que hoy acepta como válida todo el arco político. Resulta evidente que no hay que mirar hasta China o Cuba para hallar casos de persecución política flagrante ni disidentes represaliados, aunque no tengan premios internacionales.

Alguien diría que éstas son sólo dos excepciones, pero no, ni mucho menos. Esta misma semana habrá otro juicio por torturas, el de Maite Orue. Y encarará su recta final otro proceso político, el de Udalbiltza.