Quince hombres sin rostro se sientan desde mañana en el banquillo del tribunal de Donostia. Se trata de los guardias civiles implicados en la detención de Igor Portu y Mattin Sarasola y están acusados por torturas. Pertenecen a la élite anti-ETA del cuerpo: al Grupo de Acción Rápida (GAR) y al servicio de Información de Intxaurrondo. Hay cabos, sargentos, guardias, etcétera, pero el rango más alto es el de teniente. El juez ha dado la orden de que no entren cámaras, algo que contrasta con el reciente juicio en la Audiencia Nacional contra Igor Portu y Mattin Sarasola, que se emitió en directo por varios canales de televisión.

Se ha tardado muchos años en encontrar una brecha en el aparato de impunidad del Estado capaz de generar un juicio por torturas de esta magnitud. Aunque desde el tribunal guipuzcoano apenas se ofrece información, con el argumento de que el guión definitivo «se irá viendo sobre la marcha, porque se trata de un juicio largo», el calendario está ya marcado. Durará cinco días, los tres primeros dedicados al testimonio de los guardias civiles. El jueves llega el turno de Portu y Sarasola, que relatarán el maltrato padecido a manos de estos agentes. Y el viernes comparecen los peritos y se ofrecerán las conclusiones.

Las defensa ejercida por dos abogados madrileños apuesta por la libre absolución. Intentará echar por tierra el testimonio de Portu y Sarasola aferrándose una vez más a supuestos manuales de ETA para emitir denuncias falsas. Parte con la ventaja de que los dos torturados han sido condenados ya por «terrorismo» y esto, legalmente, podría restar peso a su testimonio. El escrito de defensa habla además de «contradicciones» en los testimonios de Portu y Sarasola. Resulta bastante ilógico que el atentado de la T-4 se juzgara antes de dilucidar si el testimonio autoinculpatorio, única «prueba» consistente, se consiguió en el periodo de incomunicación. Sin embargo, la sentencia de la AN entró sin tapujos a negar que Portu y Sarasola hubieran sufrido maltrato para obtener información, sin haberse realizado ninguna investigación exhaustiva sobre estos hechos.

La versión de los dos abogados defensores consiste en que, en un momento dado, Portu y Sarasola huyeron cada uno por cada lado y debieron ser apresados por la fuerza, ya que se resistieron de manera violenta. Y que las heridas de ambos corresponderían a un «placaje» de los agentes.

Esta versión no ha logrado convencer al fiscal. Pero su labor es la de «apagafuegos». Pide lo mínimo y sólo imputa a nueve de los quince guardias civiles: a los agentes del GAR, los que participaron directamente en la detención. Los seis agentes del aparato de Información, aquéllos que, según Portu y Sarasola, continuaron torturándolos dentro del cuartel, no han cometido ningún delito a juicio de la Fiscalía. No obstante, el Ministerio Público sí sostiene que en los vehículos, mientras eran trasladados hasta Intxaurrondo, sufrieron golpes e insultos.

Su escrito recoge que Portu y Sarasola fueron introducidos en dos coches distintos. En cada automóvil había un teniente de la Guardia Civil como responsable. Aunque iban en el asiento de adelante, el fiscal mantiene la imputación a estos mandos por «no hacer nada» para evitar los maltratos que se estaban produciendo en los asientos traseros del vehículo policial.

Venganza frente a información

En términos legales, el fiscal encuadra el maltrato dentro de la tortura vindicativa; es decir, no considera que fuera para obtener información, sino por pura venganza. Aunque desde un punto de vista penal tanto la tortura vindicativa como la que se practica como medio para obtener información están castigadas con iguales penas, considerar que el maltrato se hizo por venganza vendría a negar de algún modo que la tortura se ejerza en el Estado español de una forma sistemática.

Para sostener esta tesis, el fiscal recuerda en su escrito la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Capbreton un mes antes de la detención de Portu y Sarasola. Es el único letrado que se aferra a este hecho, que no aparece por ningún lado en los documentos del juicio ni ha sido mencionado por ninguno de los quince acusados. Utiliza, además, esta oportuna mención a Capbreton para rebajar las penas al mínimo. Así, la diferencia entre fiscal y defensa en la petición para uno de los agentes va de 3 a 17 años de prisión.

Queda por ver si el juez considera que el tiroteo de las Landas, un mes antes, basta para que, como sostiene el fiscal, nueve disciplinados agentes de la Guardia Civil pierdan la cabeza y torturen durante horas a dos personas previamente esposadas. En concreto, la detención se produce sobre las 10.30 del 7 de enero de 2008, los registros de locales y domicilios no comienzan hasta las 20.00 e Igor Portu no ingresa en la UCI hasta las 3.30 de la madrugada siguiente. Por otra parte, ambos detenidos sostienen que fueron objeto de maltrato hasta el fin de la incomunicación.

El peso de las pruebas

Aunque gran parte del juicio vaya a visualizarse como un «palabra contra palabra», la acusación particular cuenta con ar- mas objetivas que pueden resultar decisivas: los informes médicos y el testimonio de los peritos forenses del Juzgado de Guardia de Donostia. Las torturas a Portu le provocaron la ruptura de una costilla y que ésta se le clavara en un pulmón, encharcándolo de sangre. Esto hizo necesario su ingreso de urgencia en la UCI del Hospital Donostia y, en consecuencia, la apertura de diligencias por parte del juez de guardia que llegó a tomar testimonio a Portu en la camilla del hospital. Los forenses que participaron en estas diligencias son los que sostienen que las marcas y las secuelas que vieron en ambos detenidos coinciden con el testimonio de Portu y Sarasola y no con la versión que se ofrece desde la defensa.

Las penas que solicitan tanto Fiscalía como acusación particular varían de un agente a otro. A quienes se hicieron cargo de Sarasola se les acusa de tortura y falta por lesiones, mientras que los responsables de lo ocurrido a Portu están imputados por tortura y delito de lesiones. Asimismo, hay agentes a quienes no se acusa por lesiones, sólo por tortura. En la legislación española, la tortura está penada con seis años de cárcel. Por otra parte, en el capítulo de indemnizaciones, la acusación particular reclama a los agentes el pago de 50.000 euros a cada uno de los acusados. Asimismo, reivindica que el Estado es responsable civil subsidiario de los delitos de sus uniformados.

Sin embargo, fuentes cercanas a la defensa dan más valor al hecho de que el juicio lo lleve un tribunal ordinario que a todas las pruebas y testimonios. Recuerdan que el juez que ordenó las detenciones, Fernando Grande-Marlaska, supo de esta investigación del Juzgado de Guardia y tuvo conocimiento del ingreso hospitalario. No obstante, no abrió diligencia alguna para comprobar el estado de los detenidos. La única acción que realizó Grande-Marlaska fue prorrogar la incomunicación.

Cabe preguntarse, por lo tanto, qué necesita la Audiencia Nacional para abrir una investigación por torturas. Nunca lo ha hecho, a pesar de que ha tenido cientos de oportunidades.

Sin embargo, hoy la pregunta más pertinente es qué necesita el juez de Donostia para emitir una condena por tortura. La respuesta, desde mañana.