Bilbon Kaleak Aske, la iniciativa popular conformada por más de 70 agentes políticos, sociales y sindicales, que se oponen a la ordenanza municipal de Uso del Espacio Público, da los últimos retoques al contenido del recurso que va a presentar en los tribunales contra esta normativa.

El Pleno del Consistorio bilbaino -con los votos a favor de PNV y EB, y la abstención de PP y PSE- sacó adelante su aprobación definitiva el 23 de setiembre. Tras su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia y los pertinentes 15 días hábiles, la normativa entró en vigor el 16 de octubre. Mucho antes de ello, sus opositores trabajan en la redacción del recurso a una ordenanza que limita, en su opinión, el derecho de reunión, «es discrecional y restrictiva, y se fundamenta en prohibiciones y limitaciones».

«Esta normativa lo hemos dicho y lo repetimos tiene afán recaudatorio», señalan, antes de manifestar que permite sancionar actividades «que para nada suponen actos incívicos». A lo largo de 135 artículos, la polémica ordenanza regula todos los usos permitidos en la calle y prohíbe, además de sancionar con multas de hasta 3.000 euros, ejercer la prostitución o sobrevivir con el `top manta'.

Aunque los colectivos tienen bien claras las líneas maestras de su recurso, partiendo de que entienden de que hay una vulneración de derechos básicos, se han esmerado en la búsqueda de aspectos con lo que enriquecer el documento. Así, han dado con otros casos, como el de una ordenanza similar promovida en Málaga, a la que el grupo municipal de IU presentó alegaciones. Al igual que en Bilbo lo hacen otros agentes contra la decisión de PNV y EB, la formación política andaluza habla de la importancia de abrir mecanismos de diálogo, «cosa que aquí no han hecho y de conciliar -dicen desde Bilbon Kaleak Aske- los distintos usos del espacio público».

«Estas ordenanzas -añaden- son un fracaso de los gobiernos municipales para atajar actos incívicos». En las alegaciones de IU de Málaga, apuntan desde Bilbo, se critica, «al igual que nosotros, que el Ayuntamiento sólo exige a los ciudadanos, no tiene ningún tipo de deber u obligación». También se estima que es una ley y no una ordenanza la que debe determinar si una conducta es sancionable. «No se pueden imponer más penas que las establecidas por el legislador, está por tanto prohibido inventar penas», explican.

Asimismo, en este ejemplo que se ha topado Bilbon Kaleak Aske se propone un decálogo de actuaciones para tratar de atajar los comportamientos «verdaderamente incívicos e irresponsables, algo en lo que los responsables municipales no entran y se limitan a perseguir a quienes tienen la calle como escenario de expresión, reunión o simplemente como medio de vida». Son iniciativas que ponen en cuestión la propia actuación municipal, pues tocan aspectos como la limpieza, la inclusión social o la simple vigilancia.