La presión se acentuó ayer sobre Estados Unidos tras las revelaciones sobre torturas y ejecuciones llevadas a cabo o encubiertas por su Ejército durante la guerra de Irak que aparecen en los 391.000 documentos publicados por Wikileaks.

Gobiernos y organizaciones defensoras de derechos humanos esperaban una respuesta sobre las acusaciones contra las tropas de EEUU, sus aliados e iraquíes sobre torturas, abusos y ejecuciones extrajudiciales reveladas en la mayor filtración de documentos clasificados de la historia de Estados Unidos.

La ingente cantidad de material sacado a la luz, que cubre el periodo que va desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009, ofrece una nefasta instantánea de la ocupación, en especial sobre los abusos contra civiles cometidos por las fuerzas de seguridad locales.

Los «Iraq War Logs» muestran que el Ejército estadounidense «no hizo nada» para impedir estas agresiones contra civiles.

Wikileaks sostiene que los documentos revelan que hubo unas 15.000 víctimas civiles más de lo que se sabía anteriormente. Durante los seis años documentados, fallecieron una media de 31 civiles al día.

Una de las bofetadas más sonadas la dio el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, que calificó las revelaciones como «extraordinariamente graves» y destacó que la gente «querrá escuchar una respuesta».

«Cabe lamentar la forma en la que se produjeron estas filtraciones, pero pienso que (...) las acusaciones realizadas son extraordinariamente graves», agregó el líder liberaldemócrata, muy crítico con la implicación de su país en el conflicto.

«Supongo que la Administración estadounidense querrá dar su propia respuesta. No nos corresponde decirles cómo han de hacerlo», indicó.

Instó también a abrir una investigación, explicando que «todo lo que dé a entender que las reglas de base de la guerra, de los conflictos y del combate fueron violadas o que la tortura pudo haber sido tolerada es extremadamente grave y debe ser estudiado».

Sus declaraciones contrastaron con un comunicado publicado la víspera por el Ministerio de Defensa en el que -en sintonía con Washington- se condenó la publicación «no autorizada de documentos secretos».

Silencio en Washington

La Casa Blanca, por su parte, guardó silencio ante las informaciones publicadas por la organización encabezada por el australiano Julian Assange sobre la guerra de Irak en medio de llamamientos internacionales para que EEUU diga por qué hizo la vista gorda ante las torturas sistemáticas en el país.

El Pentágono se escudó en la sacrosanta seguridad nacional para condenar la filtración y aseguró que las autoridades militares del país no tienen planes de investigar los abusos revelados por Wikileaks.

Las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como el relator especial de la ONU sobre tortura, Manfred Nowak, mostraron su preocupación por las informaciones y subrayaron que EEUU tiene la obligación moral y legal de investigar los casos creíbles de complicidad de sus soldados.

Nowak insistió en que, de ser auténticos, los documentos reflejan claras violaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura.