Familiares y amigos de los catorce jóvenes independentistas detenidos el viernes comparecieron ayer en Bilbo, en una comparecencia masiva, para expresar su «inquietud, preocupación, miedo y dolor» ante el trato que puedan estar recibiendo dada su situación de incomunicación. «Esto debería provocar una alarma de máximo nivel a cualquiera que tenga un mínimo de respeto por los derechos humanos», manifestaron en euskara June Morán, hermana de Xabat -uno de los arrestados en Bilbo-, y en castellano Alitxu Martínez del Campo -madre del gasteiztarra Igarki Robles-, en una convocatoria en la que los familiares estuvieron arropados por decenas y decenas de personas, que ocuparon las escaleras que rodean la plaza del Arriaga.

Con el temor marcado en el rostro por la suerte que puedan estar corriendo sus hermanos e hijos, tras 72 horas incomunicados desde que el pasado viernes fueran trasladados a la Comisaría General de Información de Canillas, en Madrid, los allegados resaltaron que no tienen más noticia que las informaciones aparecidas en la prensa.

«Han sido acusados y juzgados por los medios de comunicación», añadieron ayer ante un par de medios, lo que contrastaba con la amplia repercusión mediática dada a la redada y a las acusaciones policiales.

Los familiares invitaron a la ciudadanía a reflexionar «sobre la gran distancia que hay entre el discurso que mantienen las diferentes instituciones en torno a los derechos humanos» y la práctica que ellos están padeciendo en primera persona, por lo que exigieron que los arrestados «sean llevados ante el juez de inmediato». Según subrayaron, ésta no debería ser una exigencia sólo suya, «sino de cualquier agente o institución que tenga un mínimo respeto hacia los derechos humanos».

«No son delincuentes»

Denunciaron, por otra parte, las condiciones en las que se produjeron los arrestos, «en lo más profundo de la noche», con «un amplio despliegue policial y una `sorprendente' presencia de medios de comunicación». «Se ha convertido en algo habitual que se persiga, se detenga y se torture a los y las jóvenes que muestran un ansia de libertad», denunciaron.

«Nuestros hijos e hijas no son ladrones, no son violadores ni son delincuentes. Nuestros familiares son personas generosas, comprometidas con los problemas sociales y coherentes con sus ideas. Esa es la única realidad por la que se les ha detenido», dejaron sentado con voz firme en un momento de su alocución que hizo brotar las lágrimas de algunos de los familiares sentados a la mesa.

Los familiares de los arrestados afirmaron que «un Estado que viola de manera sistemática y masiva todos estos derechos de mano de los aparatos del Estado, no es un Estado democrático ni un Estado de Derecho, es un estado policial». Reclamaron «verdaderas soluciones para acabar con esta salvajada» y «traer de una vez por todas una paz verdadera, la justicia y la democracia a este pueblo».

Llamaron, asimismo, a participar en la manifestación del sábado en Donostia contra la tortura y cerraron su alocución con un deseo: «Queremos ser los últimos ciudadanos que suframos esta situación».

Sanción por la rueda de prensa

La rueda de prensa ofrecida ayer por los familiares de los detenidos del viernes será objeto de sanción administrativa, según comunicaron efectivos de la Ertzaintza a una de las personas congregadas. Antes de que arrancara la lectura del comunicado, uno de los agentes preguntó si el acto había sido comunicado, a lo que varios fa- miliares y allegados respondieron que no se había pedido permiso porque no se trataba de un acto político sino de una rueda de prensa. La Ertzaintza pidió la identificación de una de las personas y le comunicó más tarde que recibirá una sanción administrativa, según señaló el afectado a GARA.

Horas después de la comparecencia de los familiares, los abogados señalaron que no hay ninguna información sobre la situación de los catorce arrestados ni sobre cuándo declararán ante el juez. Según indicaron, el juez Grande Marlaska se ha negado a aplicar el habeas corpus, que permitiría que fueran llevados a su presencia cuanto antes, así como la aplicación del protocolo contra la tortura.

Por otra parte, un comunicante refirió a GARA que efectivos policiales se habían presentado a las 1.00 horas del sábado en busca del donostiarra Salvador Ramirez Cruz, en la vivienda en que reside este donostiarra en Gasteiz, donde estudia.

Ayer se repitieron las movilizaciones y muestras de solidaridad. Ikasle Abertzaleak denunció la redada y reclamó la pues- ta en libertad de los arrestados, entre los que se encuentra uno de sus portavoces, Ikoitz Arrese. Valoraron su detención como un intento de «criminalizar» el trabajo por un sistema educativo propio y anunciaron que seguirán luchando por el mismo.

En Bilbo, unas 2.000 personas participaron en una manifestación celebrada en la noche del sábado, jornada en la que 260 personas se manifestaron también en Elgoibar contra la redada policial y en solidaridad con la vecina de la localidad Ainara Ladrón, arrestada el viernes en el mismo operativo, en el que otro vecino, Edu Castillo, fue retenido en su domicilio durante trece horas. Ayer hubo otra protesta en la que se dieron cita 120 elgoibartarras.

Además, en Erromo volvieron a movilizarse, en este caso 210 personas, al igual que en Galdakao, donde fueron 200, y en Sestao, 300.

En Santurtzi protestarán hoy a las 20.00 por la detención el jueves de Asier Rodríguez. Y también ha habido movilizaciones en Urduña y Anoeta, donde 33 y 15 personas respectivamente se han concentrado contra el juicio a Udalbiltza que encara hoy su recta final.