Una y otra vez ha insistido la izquierda abertzale en que su apuesta política por el uso exclusivo de las vías pacíficas y democráticas tiene carácter unilateral. Que los pasos que ha dado y los que vaya a dar en el futuro no están condicionados ni por acuerdos alcanzados con otros agentes a modo de contrapartida ni por los embates represivos del Gobierno español.

Pero el hecho de que la iniciativa de la izquierda abertzale sea unilateral no significa que a la sociedad vasca no le resultara conveniente que otros agentes, y en especial el Gobierno español, se implicaran en un proceso de resolución del conflicto. No en un juego de contraprestaciones, sino en la intención de empujar entre todos para la búsqueda de una salida en clave estrictamente democrática. Así lo entendieron también los insignes firmantes de la Declaración de Bruselas, gentes experimentadas en estas lides y que solicitaron a ETA «un alto el fuego permanente y completamente verificable», pero no olvidaron señalar que «tal declaración, debidamente respondida por el Gobierno español, permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera».

También en el Acuerdo de Gernika se hace una exigencia expresa a ETA y al mismo tiempo se introducen otras demandas (demasiadas según Patxi López) en cuya satisfacción el Gobierno español tiene un papel primordial.

Ahora no se le pide al Ejecutivo de Zapatero que responda a los pasos de ETA o de la izquierda abertzale, sino que haga sus propios deberes, que no son pocos, en el terreno de los derechos humanos, civiles y políticos; asignaturas que lleva décadas suspendiendo.