Las sucesivas reformas realizadas en el sistema de pensiones a través del Pacto de Toledo han ocasionado que en Hego Euskal Herria más de 300.000 pensionistas vivan hoy en situación de pobreza grave o relativa, lo que supone casi la mitad de los pensionistas de los cuatro herrialdes. Estos datos los dieron ayer representantes de las plataformas Nafarroako Pentsionistak, Gipuzkoako Pentsionistak, Arabako Pentsionistak y Pentsionistak Martxan, de Bizkaia, que expresaron su «más rotundo rechazo» a los recortes y a la reforma de las pensiones que, denunciaron, «van a mermar las posibilidades de disfrutar de unas condiciones de vida a las personas tras la jubilación».

En rueda de prensa, explicaron que son las mujeres quienes sufren los mayores niveles de precariedad, ya que tanto las pensiones no contributivas como las de viudedad y de empleadas del hogar son las más bajas. Criticaron, asimismo, que la oferta de servicios sociales «es escasa y cara» y que no cubre ni el 25% de la demanda real.

«Son servicios en gran medida privatizados y caros, en losque el pago de las personas usuarias puede llegar hasta el 75% del coste», censuraron. Y es que, tal como señalaron, en la CAV apenas el 31,4% de las plazas residenciales son públicas, y en Nafarroa la situación es incluso peor, con el 24,5%.

Los pensionistas explicaron también que el gasto público en Hego Euskal Herria en materia de servicios sociales está en torno al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras la media europea alcanza el 4%. En este sentido, valoraron que «los continuos recortes presupuestarios que afectan de manera decisiva al gasto social y al desarrollo de la Ley de Dependencia empeorarán aún más esta situación».

Que prioricen los derechos

Dicho esto, desde las cuatro plataformas exigieron a los gobiernos de Lakua y de Iruñea que «dejen de mirar hacia otro lado, asuman sus responsabilidades y prioricen los derechos de los ciudadanos y ciudadanas vascas por encima de los intereses de unos pocos poderosos».

En esta línea, los pensionistas exigieron a las instituciones vascas que adopten «cuantas medidas sean necesarias para garantizar las pensiones de las trabajadoras y trabajadores vascos». También demandaron unos servicios sociales públicos y de calidad, financiados por los presupuestos públicos, así como que ninguna pensión se sitúe por debajo del umbral de la pobreza, fijado en 1.020 euros.

En el ámbito de la salud, rechazaron el copago de los servicios sanitarios que, advirtieron, «se quiere imponer vía impuestos y reforma de la Ley de Sanidad». Asimismo, exigieron una política fiscal «justa y progresiva» para financiar los servicios públicos y las pensiones, así como «decidir y garantizar nuestras pensiones en Euskal Herria con la participación de las instituciones y las organizaciones sociales y sindicales vascas».