Ayer se reanudó en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española el juicio contra los 20 miembros de Udalbiltza acusados de «pertenecer» a ETA y de «malversación de caudales públicos». Tras listar los documentos que se han utilizado como prueba, las partes realizaron una breve calificación, momento en el que el representante del Ministerio Fiscal, Juan Moral, anunció la retirada de la acusación de «malversación de fondos públicos» a Joseba Garmendia, Loren Arkotxa, Xabier Iragorri y Xabier Alegria. Antes de acceder al juzgado los imputados ya barajaban esta opción, ya que el diario «La Razón» lo adelantaba en la primera página de su edición de ayer.

Asimismo, a primera hora, la radio Info7 daba la noticia a la imputada Maribi Ugarteburu que admitió recibirla con «profunda alegría». «Sobre la cuestión de malversación de fondos no hay pruebas; no han concretado ni qué dinero, ni hacia dónde se ha movido. La acusación principal tampoco lo ha fundamentado», señalaba Ugarteburu.

Así, la Fiscalía rebaja su petición de prisión de quince a diez años para los tres primeros. En lo que se refiere a Alegria, el ex edil de Lezo no está acusado en este juicio de «pertenencia» a ETA, porque ya fue condenado por esa misma razón en el juicio por el macrosumario 18/98. Para todos los demás imputados se mantiene la petición de 10 años de prisión, por «pertenencia». La representante de Dignidad y Justicia, por su parte, no ha retirado ninguna acusación, aunque sí ha rebajado en un año su petición de cárcel.

Jone Goirizelaia, en nombre de los cinco abogados de la defensa, reclamó la libre absolución para los imputados e impugnó las intervenciones telefónicas del procedimiento. Anunció también su intención de solicitar la condena en costas de la acusación popular ¯Dignidad y Justicia¯ si los encausados son absueltos por «malversación», ya que mantiene la acusación en contra del criterio fiscal.

Fue por la tarde cuando el abogado de la defensa Kepa Manzisidor expuso sus calificaciones. En primer lugar, Manzisidor quiso dejar claro que en la trayectoria de Udalbiltza «no hubo dos etapas». Así, hizo referencia a que los policías que han testificado en este juicio en calidad de peritos admitieron que el nombre «Udalbiltza-Kursaal» fue «inventado» por ellos y que la acusación lo ha utilizado para argumentar su tesis que defiende que la institucional nacional adoptó «un carácter delictivo» a partir de 2001. Asimismo, el letrado denunció que el Ministerio Fiscal se apoye en reflexiones exteriores, como son Zutabes de ETA o un artículo publicado en GARA y firmado por Josu Barandika e Iñaki O`Shea, para argumentar su tesis.

De la misma forma, Manzisidor evidenció que lo que se recoge en los Zutabes son apreciaciones que hace la organización armada, y no órdenes sobre su actividad. Para ello, explicó que ETA se mostró reacia a utilizar el nombre «Udalbiltza», y que no hubo modificaciones en la institución. También ETA había expresado no estar de acuerdo con el camino que llevaba la institución en alguna ocasión.

Durante el proceso el fiscal ha defendido que a partir del 2001 los integrantes de Udalbiltza pertenecían exclusivamente a la izquierda abertzale. Juan Moral dijo que todos los imputados pasaron a formar parte después de ese año, aunque Manzisidor le recordó que Alegría, Arkotxa o Juan Carlos Alduntzin, por ejemplo, habían participado en el Consejo Ejecutivo desde 1999.

Ángel Ruiz de Erenchun, defensor de Larraitz Sanzberro, calificó de «disparate» la acusación contra la que fuera secretaria de la institución. Explicó para Sanzberro este trabajo era una «oportunidad profesional» y que supo qué era Ekin ya en prisión.