Tarek Aziz, de 74 años y encarcelado en una prisión de máxima seguridad desde que se entregara a las tropas de EEUU en 2003, fue condenado ayer a morir en la horca junto a otras cuatro personas, entre ellas dos hombres fuertes del Gobierno de Saddam Hussein, el ex ministro de Interior Saadun Shaker y el ex secretario privado del mandatario Abed Hamud, por la persecución de partidos islámicos, principalmente chiíes, en Irak en los años 80 del siglo pasado.

Un responsable de la oficina de prensa del Tribunal Supremo indicó que las pruebas presentadas y las declaraciones de los testigos habían sido suficientes para determinar su culpabilidad, y anunció que el ex ministro de Exteriores podría recibir en los próximos días y semanas nuevas penas capitales por otras causas abiertas en su contra.

«La naturaleza de los crímenes es asesinato premeditado, tortura y desaparición forzosa de personas», precisó a Reuters el juez Mohamed Abdul Sahab, portavoz del Supremo.

El caso se refiere a la represión contra la mayoría chií iraquí que se llevó a cabo tras un intento de matar a Saddam Hussein en 1982 en la ciudad de Dujail, al norte de Bagdad. El derrocado presidente, ahorcado en 2006, fue condenado por las ejecuciones perpetrados en represalia por aquel atentado.

Entre las medidas como represalia destacó la emisión de un decreto por parte del Consejo de Mando Revolucionario iraquí, en marzo de 1980, por el que se castigaba con la muerte la militancia en el partido Al-Dawa, actualmente dirigido por el primer ministro, Nuri al-Maliki. En virtud de aquel decreto, el 9 de abril de ese año fue ejecutado el fundador de ese partido chií, Mohamed Baqr al-Sadr.

La dictada ayer es la primera condena a muerte contra el «número dos» de Saddam, que ocupó los cargos de ministro de Exteriores y de viceprimer ministro en su Gobierno y que fue la cara más conocida del baazismo a nivel mundial, como jefe de la diplomacia, durante la invasión iraquí de Kuwait y la Guerra del Golfo de 1991. Era, además, el único miembro cristiano del Gobierno.

El año pasado, Aziz fue condenado a quince años de prisión por su responsabilidad en la muerte en 1992 de 42 empresarios, que supuestamente habían acordado un alza de precios durante la crisis provocada por la Guerra del Golfo, y a siete años más por el desplazamiento forzado de kurdos del norte del país en los años ochenta.

«Venganza»

La condena a muerte de Tarek Aziz, cuyo salud se ha deteriorado enormemente desde su detención, es «una operación de venganza contra todo el que tiene lazos con el pasado de Irak», denunció desde Jordania a France Presse su hijo Ziad Aziz.

«Es una operación de venganza y de eliminación contra toda persona que haya tenido vínculos con el pasado de Irak y demuestra la credibilidad de la información publicada por Wiki- leaks», agregó Aziz, quien insistió en que su padre «era un político y trataba con los medios, no trataba los asuntos de seguridad ni tuvo nada que ver con los partidos religiosos. Él fue víctima de un partido religioso, Al-Dawa».

El abogado de Aziz en Amman, Badie Arif, señaló a Reuters que «es un veredicto político y no legal» y aclaró que su defendido ya se lo esperaba desde el momento en que EEUU lo entregó al Gobierno iraquí. Además, anunció que los cinco condenados a muerte ayer, tienen previsto apelar, para lo que cuentan con un plazo de un mes.

Una vez resuelta la apelación y antes de la ejecución de las condenas a muerte, el Consejo Presidencial, formado por el presidente del país y sus dos vice- presidentes, tendrá que dar su visto bueno. Este órgano ya rechazó en febrero de 2008 su aplicación en el caso de dos condenados por la muerte de miles de civiles kurdos.

La Comisión Europea recordó su oposición categórica a la pena capital.