Todos esos medios de comunicación que una y otra vez ponen el grito en el cielo cuando en Catalunya se multa a las empresas que incumplen la ley de lenguas y no tienen sus rótulos como mínimo en catalán han pasado de puntillas por la noticia de que, el año pasado, la Generalitat de Catalunya multó a 94 empresas por no etiquetar en castellano. Son esos diarios, esas radios y esas cadenas de tele que generan gigantescas bolas de mierda a base de deformar la realidad, voceando que aquí se prohíbe rotular en español y que a quien no habla en catalán nos lo comemos con patatas fritas para desayunar. A la cabeza de ese alud de patrañas, el Partido Popular y su lazarillo, Ciudadanos, que, en esta ocasión, han decidido mirar hacia otro lado y silbar Siboney, que es la mejor melodía para disimular.

Pues sí: el año pasado la Generalitat multó a 94 empresas por no etiquetar en castellano y en esta ocasión la caverna no dice ni mu. Silencio absoluto. Ni una queja, ni un gemido, mucho menos un asomo de rebelión. Nada de «¡Vaya atropello!». Nada de «¡Ustedes no tienen derecho a decirme en qué lengua debo etiquetar mis productos!». Ningún grito de «¡Libertad!». ¿Por qué no repiten ahora aquello tan sobado de «Prohibido prohibir»? Leo en El País, el sábado, que Jordi Anguera, director de la Agència Catalana del Consum, explica diversas cosas respecto a esas multas. Una: «La regulación, en el caso del etiquetaje, es favorable al castellano. Hay cerca de 120 leyes estatales que obligan a etiquetar en español». (...) Por mucho que aguzo el oído no oigo que nadie se rasgue las vestiduras, ni que aúllen en Intereconomía. Otra cosa que explica Anguera: «Las indicaciones obligatorias del etiquetado deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española oficial del Estado». ¿Dónde están ahora las acusaciones de nazis, por seguir la ley? Escasamente críticos con el nazismo -y su versión cheli, el franquismo-, a la mínima llaman nazi a cualquiera que no piense como ellos. (...) la Generalitat "multó a la multinacional del mueble Ikea con 8.000 euros por varias deficiencias en la información al consumidor; entre otras, no disponía del etiquetaje en castellano". Si las multas hubiesen sido por no etiquetar en catalán, ya habría ahora mismo dos nutridas manifestaciones de catorce o quince personas (...) pidiendo que no se multe a nadie y exigiendo que de una vez por todas acabe esta terrible dictadura nacionalsocialista catalana.