El diálogo político es a la democracia como el agua al mar; sin el primer término no existe el segundo y viceversa. Partiendo de este axioma, la fotografía que nos deja esta semana -en la que, de nuevo, los acontecimientos relevantes han transcurrido en el escenario político vasco a una velocidad de vértigo- tiene interesantes matices cromáticos. No importa tanto si los actores están colocados en el centro o en una de las esquinas de la imagen, si son los personajes principales o los secundarios en cada una de las escenas; lo que realmente interesa a la ciudadanía vasca es saber quiénes han decidido involucrarse en el nuevo guión, quiénes se lo están pensando todavía y quienes están siguiendo la puesta en escena desde la tramoya con el único objetivo de sabotearlo.

Los firmantes del Acuerdo de Gernika han dejado claro cuál es su papel en este reparto, por lo que no es de extrañar que continúen dando pasos comprometidos ante cada nuevo envite, siempre con la mirada puesta en un desenlace democrático que suelte los nudos gordianos del conflicto. Mientras, los dirigentes de PNV y PSOE, reacios a cambiar de partitura, están afinando el tono de sus discursos, pero siguen sin aclarar cuál es su compromiso real con este proceso que tanta esperanza ha creado en la sociedad vasca y, como ya es patente, también en buena parte de la ciudadanía española. Para mantener su tan bien ensayada pose de equidistancia, PSOE y PNV necesitan que el PP permanezca instalado en la radicalidad, alzando cada vez más la voz, aunque sea para acusar de «traición» a sus socios del denominado Pacto Antiterrorista.

Freno a la impunidad

Ese pacto PSOE-PP sigue vigente y continúa ofreciendo los dramáticos frutos que amparan sus impulsores con todos los resortes de poder a su alcance: las razias policiales, la incomunicación de los detenidos -para quienes, durante ese periodo de secuestro legal, desaparecen todas las garantías que sustentan teóricamente a un estado de Derecho-, los testimonios de torturas que les acompañan, los encarcelamientos indiscriminados, los procesos judiciales que se dilatan en el tiempo, la «construcción» de pruebas...

No obstante, la ciudadanía vasca también tiene resortes importantes para poner freno a esa impunidad. Como se puso de manifiesto una vez más ayer, en la multitudinaria movilización de Donostia, el compromiso de este pueblo con la erradicación de la tortura va ganando espacios. Así se puede entender lo que ha sucedido esta misma semana en la Audiencia de Gipuzkoa, donde -sea cual sea la sentencia resultante- el testimonio de Igor Portu y Mattin Sarasola se ha impuesto sobre las mentiras de los guardias civiles procesados. Y así se puede entender que se esté juzgando en Madrid a varios agentes de la Policía española por la denuncia de Maite Orue o que un juez de Valencia haya retomado otra denuncia de una ciudadana vasca para cumplir los mínimos exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su condena al Reino de España por no investigar la que en su día presentó Mikel San Argimiro.

Esos esfuerzos tienen que ser acompañados por todo el entramado social e institucional para que próximos informes del Relator contra la Tortura de la ONU, de Torturaren Aurkako Taldea o de la Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura reflejen una realidad distinta y en ellos quede constancia de que se respetan todos los derechos humanos, todos los derechos civiles y políticos de todas las ciudadanas y ciudadanos vascos.

Unilateral y global

Ya nadie duda de que la izquierda abertzale ha decidido activar todos los mecanismos que están a su alcance para que esa esperada realidad llegue cuanto antes a nuestro país. Si bien esa decisión fue adoptada de forma unilateral y, por consiguiente, sus pasos no siguen otro guión que el establecido por sus bases en la resolución «Zutik Euskal Herria», su impacto está teniendo un carácter global. Tanto es así que, incluso, está condicionando la agenda del Gobierno español y del principal partido de la oposición.

Ese impacto político no responde únicamente a la capacidad de la izquierda abertzale, ya que es la acumulación de fuerzas progresistas y abertzales la que está elevando la potencia de esa apuesta estratégica. Pero tampoco hay que obviar que en esta fase del proceso el protagonismo está recayendo en gran medida sobre este movimiento político. En este contexto, a través de quienes mantienen viva la memoria de la Mesa de Altsasu, el viernes se hizo pública la apuesta por materializar un nuevo proyecto organizativo «basado en el convencimiento, la adhesión democrática y la movilización como instrumentos de acción política», y «comprometido con las vías exclusivamente pacíficas y el rechazo al uso de la violencia, tanto en su seno como fuera del mismo». Principios democráticos que tienen que abrir todas las puertas al diálogo político y que, en buena lógica, no podrán ser pisoteados por las estructuras político-judiciales del Estado español.