El acuerdo suscrito el 19 de octubre entre la Comisión Gestora para el Desarrollo Urbanístico de Zorrotzaurre -conformada por instituciones públicas y la iniciativa privada- y la asociación vecinal El Canal despeja el camino para que los impulsores de la operación sigan adelante a cambio de definir un parque de ribera en el borde del canal, desde el antiguo depósito franco hasta Deustua, y otras tres áreas verdes; en total 12.800 metros cuadrados.

La plataforma ciudadana se compromete a desistir en la petición de ejecución de una sentencia de marzo pasado del TSJPV que detectó varios fallos en la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y otros pleitos, a cambio de que también se construya un único puente entre San Inazio y la futura isla, en la prolongación de la calle Baleares. Además, se fija que las alturas máximas de los edificios que se construyan entre la prolongación de las calles Navarro Villoslada y Luis Braille no podrán superar la de los que actualmente están situados en la otra acera de la avenida Zarandona.

Desde el Área de Urbanismo se indicó que en la práctica supone que se modifica el emplazamiento de diez edificios y se renuncia a otro bloque destinado a equipamientos para ampliar las zonas verdes en San Inazio, pero ahora, según fuentes vecinales, «el problema puede trasladarse a otros puntos de Zorrotzaurre, pues el propio gerente de la Comisión Gestora, Pablo Otaola, ha reconocido que también habrá que rediseñar los volúmenes en el resto, sin renunciar al número de viviendas a construir, unas 5.417».

Todo ello se despejará, en principio, en el plazo de dos años con la redacción del Plan Especial de Zorrotzaurre, en el que se entrará al detalle de lo acordado. En una valoración efectuada por El Canal se aseguró que existe un compromiso de las partes de «establecer una distribución equilibrada de las viviendas (protegida y libre) entre la margen derecha del canal de Deusto y el resto de las áreas de Zorrotzaurre». No son tan optimistas el resto de afectados por la operación, especialmente los de la Ribera de Deustua, que apuestan por una «negociación global, no por sectores».

Antes del acuerdo, en agosto, el Consistorio bilbaino dio por «subsanados» los fallos que derivaron en la sentencia del TSJPV que cuestionó el Plan de Zorrotzaurre. En Pleno extraordinario se aprobó inicialmente la modificación del PGOU, después de que se cumplimentase el preceptivo informe del Consejo Asesor de Planeamiento. Fue la ausencia de este trámite el que propició el fallo judicial que obligó al Ayuntamiento a maniobrar.

Tras los «cambios», los usos del suelo quedaron de la siguiente manera: espacios libres y zonas verdes del 18 al 19%, equipamientos públicos del 13,5 al 15%, viario rodado y peatonal 25-35 al 31%, y suelo privado 35% como al inicio, de las que un 25% de la edificabilidad irá destinada a actividades económicas.

Dos años para las obras

A pesar de que siguen dándose pasos en los despachos, aún faltan dos años para que empiece la obra fundamental del proyecto, la apertura del Canal de Deustua, que transformará la actual península de Zorrotzaurre en isla. Para 2015, según las previsiones, habrá concluido la extracción en un tramo de 380 metros de longitud y 75 metros de anchura de 440.000 metros cúbicos de tierras y fangos, que servirán para elevar la cota entre 50 centímetros y 2 metros en función de las necesidades y de las zonas.

Con este cronograma, hace unos días finalizó el plazo de exposición pública de la aprobación refrendada el 20 de agosto por la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Pleno del Ayuntamiento. Quien fue excluida de la pugna electoral, la izquierda abertzale, ha presentado alegaciones, partiendo su reflexión de que, tras el varapalo judicial, el Consistorio bilbaino ha insistido en no otorgar voz a la ciudadanía, como asegura viene pasando desde 2004 cuando se inició el proceso. «Únicamente la Comisión Gestora, formada por diferentes administraciones, y las grandes empresas propietarias del terreno (Vicinay, Eurocis y Metrovacesa, aquellas que van a obtener millonarios beneficios económicos con la operación) son los que han opinado y han decidido al respecto», manifiestan.

Los independentistas estiman que la convocatoria del Consejo Asesor de Planeamiento tan sólo ha sido un trámite administrativo más, ya que consideran que «no recoge la realidad y riqueza social de la villa». «Las líneas maestras y las cuestiones fundamentales (densidad edificatoria, porcentaje de zonas verdes, tipo de equipamientos) han sido impuestas por la Comisión Gestora», subrayan, antes de reivindicar otra vez la constitución de una comisión «abierta y plural» para definir el futuro de Zorrotzaurre.

Frente al proyecto de edificar 5.416 viviendas más en Bilbo, donde a fecha de 2009 se tenían censados 15.346 pisos vacíos -un 9,86% del conjunto de la capital-, se propone que el número a construir en Zorrotzaurre no supere las 3.000, «tal y como se preveía en los primeros borradores del plan urbanístico». Asimismo, se solicita que el 60% de ellas sean de VPO en régimen de alquiler social y que éste no supere el 15% de los ingresos del arrendatario.

Respecto a zonas verdes, la izquierda abertzale reivindica que el parque de ribera no sólo sea en la margen de San Inazio, también en la isla, de modo que el entorno más próximo a la lámina de agua quede libre de cualquier tipo de edificación. En el ámbito de la vialidad se propone la elaboración de un estudio para analizar cómo ampliar las conexiones entre la isla y el resto del distrito de Deustua y mejorar el transporte.