Cárcel por propuestas de paz
Permach y Álvarez atribuyen el juicio al «pánico» del Estado
Joseba Álvarez y Joseba Permach, que junto a Arnaldo Otegi serán juzgados el jueves en la Audiencia Nacional por el acto celebrado el 14 de noviembre de 2004 en el que se presentó la Propuesta de Anoeta, afirmaron ayer que, pese a las «continuas provocaciones» del Estado contra el proceso de cambio político impulsado por la izquierda abertzale, no se variará la apuesta «estructural» por un proceso de negociación en la búsqueda de una paz «justa y duradera».
Agustín GOIKOETXEA | BILBO
Joseba Álvarez y Joseba Permach, imputados en el juicio que el jueves se celebrará en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional española junto a Arnaldo Otegi, comparecieron ayer en un céntrico hotel de Bilbo para hacer una valoración del mismo, acompañados de la letrada Jone Goirizelaia.
Permach, que intervino en castellano mientras Álvarez lo hizo en euskara, incidió en el momento político concreto en el que se celebra este juicio en el tribunal especial español, «a las puertas de lo que tiene que ser lo que este país necesita; es decir, a las puertas de un proceso de paz, un proceso de soluciones democráticas». Lo dijo después de reafirmarse en el contenido de lo expuesto en el velódromo de Anoeta ante 15.000 personas y hacer suyo también lo que consideró una secuela de aquella propuesta, el Acuerdo de Gernika suscrito por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba. «Si no hubiéramos pasado por Anoeta, no nos encontraríamos hoy en el Acuerdo de Gernika», remarcó el destacado militante.
Esta es, a juicio de los imputados en libertad, la prueba de que la apuesta de la izquierda abertzale no es «coyuntural», movida por el calendario electoral, sino ««estructural», ya que plantea «la necesidad definitiva de que en este país se abra un proceso de diálogo y negociación para buscar una paz justa y duradera».
Ambos, Álvarez y Permach, insistieron en que, pese a las «continuas provocaciones» y los «palos en la rueda» contra el proceso iniciado por la izquierda abertzale como este juicio y otros que penden sobre decenas de militantes independentistas, además de periódicas detenciones, ellos «se reafirman» en los pasos dados en estos años.
«Después de seis años de que ocurriera eso -de la presentación pública de la Propuesta de Anoeta por la que son juzgados-, cuando la izquierda abertzale está poniendo toda la carne en el asador, cuando la izquierda abertzale ha puesto en marcha un proceso democrático, cuando la izquierda abertzale está apostando por un acuerdo como el de Gernika, cuando precisamente todo el escenario político vasco se está moviendo en la dirección que comentaba, es precisamente en este momento cuando determinados sectores del Estado deciden poner en marcha este juicio, seis años después», declaró.
Joseba Permach señaló que la sociedad vasca no entiende que se juzgue a quien presenta propuestas de paz y una metodología con «dos ámbitos de diálogo y negociación que trajeran una paz definitiva a este pueblo, una metodología -precisó- que es compartida por la mayoría social de este país y de las formaciones políticas».
Para los procesados, el Estado español tiene «absoluto pánico a la confrontación democrática de todos los proyectos políticos», que es la apuesta estratégica impulsada por la izquierda abertzale hacia un escenario democrático. Además, incidió en que el «caínismo» que practican PSOE y PP en todo lo que tiene que ver con el conflicto político vasco «no ayuda en absoluto». «Deberían aprender de modelos como el británico -apuntó-, donde diferentes formaciones políticas de Estado eran capaces, por encima de sus diferencias, de tener posiciones de Estado para solucionar problemas de Estado».
Jone Goirizelaia, que junto a Iñigo Iruin defenderá a estos tres militantes independentistas referenciales en la Audiencia Nacional española, destacó que está «muy claro que se les juzga porque son ellos», ya que luego explicó que no hay «hechos concretos» en las imputaciones de las acusaciones, lo que deja a la vista que su enjuiciamiento es «única y exclusivamente por el mero hecho de estar» en el velódromo de Anoeta, como las cerca de 15.000 personas que acudieron el 14 de noviembre de 2004 a aquel acto político.
En este sentido, al igual que lo vienen haciendo otros letrados que defienden a militantes de la izquierda abertzale ante los tribunales españoles, dijo que en esta causa penal se aprecia el uso del «derecho penal de autor, una aplicación práctica de lo que se denomina derecho penal del enemigo, propio de regímenes en los que no está vigente el Estado de Derecho».
A continuación, la abogada comentó que, a pesar de que la acusación formal ejercida por la Fiscalía y el Foro de Ermua es la de «enaltecimiento del terrorismo», tras la lectura del relato de los hechos y las pruebas que presentan «queda claro que lo que se quiere juzgar no es un presunto delito de enaltecimiento, sino a la Batasuna del año 2004, a su actividad y a su propuesta política».
«Criminalizar la Propuesta»
Por ello, denunció que la acusación contra Joseba Álvarez, Arnaldo Otegi y Joseba Permach «no es nada más que un instrumento que se utiliza para criminalizar la Propuesta de Anoeta», de la que remarcó, al igual que los dos imputados presentes en la rueda de prensa, que era «una propuesta de solución democrática para buscar la paz».
La letrada manifestó que «nos encontramos ante un proceso judicial con un claro impulso político al servicio de la estrategia del Estado español. Nosotros vemos muy claro que, de nuevo, el Estado español, a través del Ministerio Fiscal, intenta utilizar la justicia para hacer política, para hacer su política».
«Se quiere imponer un castigo a estas personas, se pretende castigarles por una razón muy clara y que queremos poner de manifiesto: porque han sido algunas de las personas que más firmemente, en aquel momento y en este también, han apostado por un verdadero escenario democrático y demostrando además que esa apuesta es firme y duradera. Lo que se quiere castigar es eso y de esta manera», destacó Goirizelaia.
Aunque el juicio contra estos tres militantes independentistas, añadió Jone Goirizelaia, parezca una muestra de fortaleza del Estado español ante el independentismo, la verdad es que, en su opinión, le descubre como «mucho más antidemocrático». «Si hoy preguntáramos en Euskal Herria y a sus ciudadanos y ciudadanas qué es lo que piensan sobre este juicio, la pregunta seguramente tendría una respuesta clara: nadie entendería que se vaya a juzgar a unas personas por haber participado en un acto público, en un acto político, en un acto que no fue prohibido, y por haber hecho allí una presentación de una propuesta de solución», reflexionó la abogada mungiarra.
La comparecencia de Álvarez y Permach, en calidad de imputados, concitó el interés de numerosos medios. Los jueces españoles les impiden cualquier actividad política.
Jone Goirizelaia denunció ayer las continuas filtraciones e informaciones periodísticas «interesadas» que se vienen sucediendo en los días previos al inicio de la vista oral en la Audiencia Nacional española contra Joseba Álvarez, Arnaldo Otegi y Joseba Permach. La «estrella», sin duda, ha sido la noticia publicada por diarios del Grupo Noticias acerca de la reunión que la abogada mantuvo con el periodista Gorka Landaburu y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, en calidad de testigos de la defensa y a petición de éstos.
Goirizelaia señaló que «las interpretaciones» que algunos medios de comunicación han realizado sobre ese encuentro quedan fuera de los parámetros democráticos de ejercicio de la defensa judicial y «obeceden a otros criterios y otras intenciones». Especialmente dura fue con Deia y el resto de diarios del Grupo Noticias, de los que dijo que han quedado «a la altura de un periodicucho de cotilleos» por publicar una fotografía del encuentro de ella con Eguiguren y Landaburu en el vestíbulo del Hotel María Cristina de Donostia, «haciendo noticia de lo que no era noticia».
La letrada manifestó, a preguntas de los periodistas, que «todos los abogados y abogadas ejercientes en todos los países del mundo se reúnen con sus clientes y con los testigos, lo cual no implica que les expliquen lo que tienen que decir ni tampoco que les den claves de comportamiento, ni que les digan que tienen que hacer una valoración concreta».
Ante la insistencia de los profesionales por conocer las claves de la declaración de Eguiguren y Landaburu y su valoración, Goirizelaia avanzó que la hará una vez que la escuche y llegue la hora de elevar las conclusiones ante el tribunal. «Ellos actuarán según su conciencia en el acto del juicio oral, que es lo que manifestaron a esta defensa», puntualizó.
«La valoración de la declaración se hará en función de lo que el señor Eguiguren responda. Está muy claro que es una práctica habitual en cualquier país del mundo en el que verdaderamente lo que se tiene en consideración es el ejercicio del derecho a la defensa con todas sus condicionantes y donde verdaderamente se puede hablar de que estamos en un Estado democrático y de derecho», argumentó.
Tampoco perdió la ocasión de criticar la filtración «interesada» de los escritos de la acusación y de la defensa, y que, según remarcó, sobrepasaba el mero interés periodístico por un juicio de tanta transcendencia contra tres destacados militantes independentistas.
Ayer, de nuevo, hubo reacciones al encuentro, como la del nuevo secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, que la consideró normal. A su vez, el presidente del Congreso español, José Bono, aseguró que con Arnaldo Otegi ni iría «ni a misa». A.G.
