El triunfo de Dilma Rousseff zanjó el principal tema en disputa: si la quinta economía del mundo seguiría su marcha como uno de los líderes de los países emergentes, o sea, si mantendrá su autonomía relativa respecto de los centros mundiales de poder, o si esa marcha ascendente conocería una inflexión para acoplarse a las políticas hegemonistas de Estados Unidos.

El triunfo de José Serra hubiera significado un cambio de rumbo en la segunda dirección, mientras la victoria de Rousseff confirma la vocación de potencia global hegemónica en Sudamérica trazado durante los ocho años de presidencia de Lula.

Serra había delatado durante la primera vuelta de la elección su voluntad de que Brasil tome distancia del Mercosur. En vista de que es el único país capaz de indicar el rumbo por el que debe transitar la región, un debilitamiento del énfasis en la integración regional habría sido un paso atrás en la construcción de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) y del Consejo de Defensa Sudamericano. Lo que hubiera abierto las puertas a una mayor injerencia de Washington de la mano de la OEA y, probablemente, generado mayores problemas a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La creciente autonomía de la región sudamericana respecto de Washington, que siempre consideró la región como su patio trasero, se habría frenado y quizá retrocedido al periodo previo a la aparición de los gobiernos progresistas a partir de 1999. Puede discutirse si la integración que promueve Brasil, con base en el libre mercado, profundiza las relaciones asimétricas entre países.

O si, como consideran analistas, estamos ante una nueva y ampliada versión del subimperialismo brasileño que hace tres décadas analizó Ruy Mauro Marini. La existencia de estas tendencias negativas no debe opacar que el ascenso de Brasil como potencia global implica el debilitamiento del dominio estadounidense.

En la política doméstica los cambios fueron y serán mínimos. Hay cuatro elementos a considerar. El PT sale fortalecido al convertirse en la primera fuerza en votos y en representación parlamentaria (88 diputados y 14 senadores), por haber caído sus adversarios al nivel más bajo en mucho tiempo (el PSDB de Serra y Fernando Henrique Cardoso pasó de 99 diputados en 1999 a los 54 actuales y la derecha pura, DEM, cayó de 105 diputados de hace una década a los 43 que tendrá en el nuevo parlamento).

La alianza de 10 partidos que tejió Lula tendrá una cómoda mayoría en ambas cámaras.

Los resultados indican que en los años recientes se produjo un realineamiento del electorado. Lula llegó a la presidencia con 46.4 por ciento en la primera vuelta de 2002 y 61 por ciento en la segunda. Fue reelegido en 2006 con 48.6 por ciento en primera vuelta y 61 por ciento en la segunda. Ahora Dilma obtuvo 46.9 por ciento en la primera vuelta y algo más de 56 por ciento en la segunda. Porcentajes muy similares que indican que, más allá del trasiego de votos lulistas de la clase media a los más pobres, hay una estabilidad y fidelidad del electorado que no consiguen torcer los grandes medios. Este nuevo alineamiento electoral durará un largo periodo.

La tercera cuestión es que Lula consiguió lo que nunca había conseguido un político brasileño: llevar a la presidencia a la persona designada para sucederle. Ni los grandes estadistas que tuvo Brasil, como Getulio Vargas, consiguieron esa proeza. Mayor aún cuando Rousseff era hasta hace poco una persona casi desconocida que había sido ajena al PT durante la mayor parte de su vida política. Este triunfo de Lula lo convierte en la persona destinada a manejar los hilos del poder, también durante cierto tiempo.

La cuarta cuestión es la que refleja Bruno Lima Rocha en su excelente artículo «Una crítica abajo y a la izquierda», y consiste en la debilidad de los movimientos sociales. «Es preciso tener la firmeza y la madurez para asumir que hay gobiernos que mejoran la vida de las mayorías y no construyen proyectos de poder para que estas mismas mayorías sean dueñas de sus destinos», concluye Lima.

Por arriba, constata cómo durante ocho años Lula tejió una sólida alianza con sectores de la clase política más tradicional, como el ex presidente José Sarney y el ex ministro de Economía de la dictadura Delfim Netto, y con la gran banca, la industria automovilística, las trasnacionales brasileñas y las multinacionales de telecomunicaciones y del agronegocio.

Por abajo, observa que los movimientos «están menos organizados, movilizan menos, se milita menos, hay una distancia mayor entre dirigentes y bases, no tienen una entidad transversal» que los coordine y hasta «el propio MST pierde su capacidad de liderar la lucha popular».

En síntesis: se consolidó el poder de las clases dominantes mientras los proyectos de transformar la sociedad se han debilitado. «El movimiento popular brasileño está mucho más confuso de lo que estaba en la segunda mitad de los años 90, en pleno auge del neoliberalismo y de la era de Cardoso», apunta Lima.

No es un diagnóstico agradable de escuchar, pero siempre es necesario mirar la realidad de frente. Un buen ejemplo es considerar que hoy la reforma agraria, por la que se movilizó buena parte de la sociedad brasileña en los 80 y los 90, está más lejos que nunca, mientras el agronegocio avanza sin cesar.

Si Brasil es el país destinado a marcar tendencias en la región, la realidad de los movimientos no augura nada positivo en el corto plazo.

Quizá haya que concluir que la potencia de los movimientos ha emigrado a otras latitudes, como Bolivia y Argentina. La reacción de reafirmación de los de abajo ante la muerte del ex presidente Néstor Kirchner es buena muestra de que el espíritu del levantamiento del 19 y 20 de diciembre de 2001 está vivo y seguirá marcando la vida política del país. Durante un buen tiempo.

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