Un juicio marcado por la negativa del tribunal a admitir opiniones políticas terminó con un alegato político en toda regla. De ello se encargó Arnaldo Otegi. Eran ya las 15.30 y desde cinco horas antes las acusaciones y defensas habían hecho su trabajo. Quedaba la última palabra para los acusados, y Otegi se levantó para tomar el micrófono y dirigirse muy directamente a la opinión pública española.

Comenzó con una afirmación dirigida al presidente del tribunal y que sonó a sorprendente: «Con buen criterio, en estos dos días ha tratado de separar los aspectos jurídicos y los políticos», saludó. Otegi se explicó a continuación: «Estos juicios nos ponen en dificultades evidentes, porque es indudable que las cuestiones políticas se deciden en foros políticos y no en tribunales. Estos procesos obedecen a la necesidad de ciertos sectores de introducir temas políticos en juicios de tipo penal», denunció.

Sentada este premisa, el líder independentista, preso en Navalcarnero, lanzó su mensaje principal: «Años de confrontación y conflicto conflicto han edificado una especie de muro de sordera sobre las cosas que decimos. Quiero volver a reafirmarme en las declaraciones que hice en `El País'. Hemos hecho una apuesta por vías políticas y democráticas. Rechazamos el uso de la violencia para la imposición de proyectos políticos...» Otegi iba a seguir, pero el presidente del tribunal decidió que ya había escuchado bastante. Tras reprocharle que estaba incumpliendo su afirmación de que las cuestiones políticas no se deben tratar en foros judiciales, le cortó el uso de la palabra.

Otegi sólo pudo lanzar una última frase. Si aquel mitin de Anoeta de 2004 se había iniciado con una señal de apoyo al pueblo palestino -recordó a Yasser Arafat, fallecido poco antes, con un pañuelo palestino y una rama de olivo-, ayer se acordó de otro conflicto latente: «Envío un mensaje solidario para el pueblo saharaui». Fue respondido con una salva de aplausos, sobre todo de vecinos y amigos de Elgoibar. El juez ordenó desalojar esa parte de la sala.

Eguiguren, acallado

Pese a las trabas del presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, los tres independentistas imputados han podido recalcar, aunque sea a trompicones, que el acto que se juzga no fue más que la presentación de una propuesta de solución y paz. Ayer se esperaba con expectación lo que podría decir al respecto Jesús Eguiguren, presidente del PSE e interlocutor directo de la izquierda abertzale en aquella época previa al proceso de negociación de 2005 a 2007. Pero el juez no dio opción.

En apenas cuatro minutos de comparecencia, abortó prácticamente todas las preguntas que le dirigió la abogada de la defensa Jone Goirizelaia. No le dejó explicar ni si comparte los objetivos de la izquierda abertzale, ni si se reunió con Otegi antes de 2004, ni cuál era el objetivo de esas conversaciones, ni si estaba informado sobre la propuesta de Anoeta, ni si el Gobierno español también la co- nocía con antelación...

Eguiguren sólo pudo explicar que «media España y media Euskadi» sabían que la izquierda abertzale iba a presentar aquel 14 de noviembre una propuesta novedosa. También que se reunió varias veces con Otegi y algunas con Pernando Barrena o Joseba Permach. Que tiene «amistad normal, no íntima» con Arnaldo Otegi. Y que está «orgulloso de presidir el PSE» y se reconoce como «un vasco que ama su tierra».

La declaración quedó, por tanto, totalmente abortada, pese a la protesta de la defensa, que reivindicó que para juzgar el acto de Anoeta es esencial conocer el «contexto» en que se produjo. Eguiguren se marchó sin decir nada, pese a que su comparecencia había deparado todo tipo de reacciones en el exterior. Así, desde Seúl José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó respeto para él, y en Madrid Alfredo Pérez Rubalcaba denunció que «en este juicio hay más de uno que quiere pescar en río revuelto».

También despertaba cierto morbo la presencia del periodista Gorka Landaburu, que sí pudo aportar algo más. Confirmó que la propuesta de Anoeta había sido presentada antes a algunos informadores, entre ellos él, y que Otegi y Permach les trasladaron sus «apuestas por las vías pacíficas y democráticas». Añadió también que meses antes habían entrevistado a Otegi en la revista que dirige por «los cambios y las nuevas perspectivas» que observaban en la izquierda abertzale.

Acusación mantenida

Nada de eso interesa a las acusaciones, que mantuvieron intacta su imputación de «enaltecimiento del terrorismo» por ese acto. La Fiscalía lo convierte en una petición de 18 meses de cárcel para cada uno, que el Foro Ermua eleva a dos años.

Su tesis se basa en dejar de lado completamente la propuesta presentada en Anoeta y destacar únicamente que en el acto se oyeron gritos en favor de ETA y se proyectó un vídeo con fotos de personas fallecidas, entre las que habría militantes de esa organización. Tras señalar a Otegi, Permach y Álvarez como responsables de aquel evento multitudinario, piden condena. «Es impensable que no controlaran el acto», dijo la fiscal, que añadió argumentos como que «no cortaron la emisión del vídeo teniendo poder para ello».

Las defensas emplearon más de dos horas en desmontar esta exposición, basada casi exclusivamente en informes de la Guardia Civil a partir de agentes infiltrados en el acto. Goirizelaia e Iñigo Iruin destacaron que no cabe interpretar que se iba a ensalzar a ETA cuando se acudió precisamente a presentar una propuesta de paz. Citan que tampoco está probado el delito porque ni siquiera se identifica una gran parte de las fotos que aparecieron en la pantalla. Y añaden que aun en caso de que hubiera enaltecimiento, no puede achacarse a Otegi, Permach y Álvarez, que ni gritaron en favor de ETA ni se encargaron de los vídeos.

Goirizelaia recordó que el contexto también influye en el proceso. La Fiscalía actuó sólo meses después del acto, tras presiones mediáticas y con informes policiales ad hoc. Luego señaló exclusivamente a estas tres personas sin motivo claro. Y el proceso se reactivó a fines de 2008, tras dos años parado.