La comparecencia de Brian Currin ayer en un céntrico hotel de Bilbo levantó una enorme expectación entre los medios de comunicación dispuestos a conocer por boca del abogado sudafricano detalles acerca de sus gestiones para «agilizar, facilitar y posibilitar» el logro de la normalización política en Euskal Herria y, en concreto, sobre el mandato del Grupo Internacional de Contacto (GIC).

Currin fue firme al señalar, tal y como ya había avanzado en los días previos, que no iba a dar a conocer las identidades de quienes lo conformarán. Subrayó que el Grupo se constituirá formalmente una vez ETA responda al emplazamiento efectuado por la Declaración de Bruselas y luego por el Acuerdo de Gernika para que decrete un alto el fuego indefinido, verificable y unilateral. Ante el aluvión de preguntas de los periodistas, el único dato que llegó a desvelar sobre los mediadores es que serán europeos.

El promotor de la Declaración de Bruselas señaló que había tratado de consultar con la mayoría de los agentes políticos, sociales y sindicales vascos, además de institucionales, e informó de que los contactos habían sido «constructivos». Quien declinó reunirse con el facilitador fue el PP, al que consideró un actor «principal» con el que le gustaría entrevistarse, aunque añadió que una posición obstaculizadora por parte de la derecha españolista no impedirá que el Grupo pueda desarrollar su mandato. «Nadie les puede obligar, pero tampoco se puede bloquear un proceso por la ausencia de un partido», precisó.

La labor de los mediadores, según las aportaciones recogidas, buscará «un escenario político inclusivo y transparente, basado en las vías exclusivamente democráticas y en ausencia total de violencia o amenaza de violencia de cualquier origen, donde se acuerde un marco jurídico político ampliamente compartido, que garantice un escenario de estabilidad, en el que -precisó Brian Currin en inglés- todos los proyectos democráticos puedan ser tanto defendidos como materializados». Todo ello, apostilló, tendría su base «en el principio de respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, a la pluralidad política, a los principios democráticos y a los procedimientos y normas vigentes».

El abogado sudafricano indicó que, tras las conversaciones que ha mantenido con los agentes, especialmente con la izquierda abertzale, tiene la esperanza de que ETA responda al emplazamiento de la Declaración de Gernika «antes de Navidad, en noviembre o diciembre», pero recalcó que hablaba de «ilusión» y de «expectativas». En ese sentido, y ante la insistencia de los periodistas, dio credibilidad a las informaciones que recibía de la izquierda abertzale, pero sin afirmar en ningún momento que ésta le hubiera asegurado que habría un comunicado en breve.

Sin embargo, y a pesar de sus continuas matizaciones en las sucesivas preguntas sobre dicha cuestión, las interpretaciones transmitidas por algunos medios llevaron al facilitador a aclarar horas después de su rueda de prensa que la izquierda abertzale no le había dicho que fuera a producirse un comunicado de ETA en las próximas semanas, sino que eso es lo que desearían, igual que otros agentes. El promotor de la Declaración de Bruselas puntualizó que lo transmitido era un «malentendido» debido a «un error en la traducción» del inglés al castellano y volvió a repetir que lo que dijo en inglés era que la izquierda abertzale «desea y considera importante que haya un comunicado en las próximas semanas».

También la propia izquierda abertzale salió al paso de lo reflejado en algunos medios, para criticar «las interpretaciones interesadas y especulaciones frívolas que, en el marco de esa importante y positiva noticia, se están dando en torno a posibles decisiones de ETA y su dimensión concreta, cuestiones ajenas a nuestro conocimiento y responsabilidad». La izquierda abertzale rechazó esas informaciones que trataban de situarla «como canalizador de supuestas decisiones de ETA».

Anuncio trascendental

Respecto al contenido de la comparecencia de Currin, la izquierda abertzale consideró trascendental que los firmantes de la Declaración de Bruselas hayan definido la composición del Grupo Internacional de Contacto y, especialmente, «que le doten de un mandato de actividades y compromisos concretos como los hechos públicos en la jornada de hoy [por ayer] a través de Brian Currin».

Respecto al primer punto, el promotor de la Declaración de Bruselas reiteró que, a partir del pronunciamiento de ETA, llegarán tanto la conformación formal del GIC como el proceso de verificación del alto el fuego, en el que, según declaró, sería deseable que estuviera el Ejecutivo español. «La verificación debería hacerse vía contacto entre ETA y el Gobierno español», remarcó antes de apostillar que esta labor la podría asumir el propio Grupo u otros agentes internacionales si así lo estimasen las formaciones políticas vascas. Esa fase de verificación del fin de la actividad armada de ETA finalizaría, indicó, en un proceso de desarme.

Legalización y presos

Entre los mandatos del GIC estará el «promover, facilitar y posibilitar» la legalización de la izquierda abertzale, que será uno de los participantes necesarios en el proceso. Currin estimó que, para cuando se vaya a constituir la mesa multipartita, la izquierda independentista «habrá hecho todo lo que se ha comprometido a hacer», aclarando que en su seno «la batalla por las balas o los votos se ha resuelto a favor de los votos».

En cuanto al papel a jugar por el Gobierno español, hizo votos por que mantenga una actitud «proactiva» en la legalización de todas las fuerzas políticas vascas y abogó también por «cambios» en la política penitenciaria. Éstas son, por cierto, dos de las medidas que se entiende que generarán confianza en el proceso. «El objetivo -se incluye entre los mandatos- del diálogo y la negociación multipartita sería alcanzar un acuerdo inclusivo para superar el conflicto político» que perdura en Euskal Herria

Liberación de Otegi y del resto

Ante la numerosa presencia de medios, Currin no perdió la ocasión de decir que «es importante que las personas que se han comprometido por la paz, como por ejemplo Arnaldo Otegi, sean liberados, para que puedan contribuir a la paz».

Uno de los mandatos específicos del GIC es generar confianza en la sociedad, pero también mediar en caso de que se produzcan situaciones de bloqueo.