Vulneraciones de derechos por motivación política
Lakua encargó a una empresa elaborar «su» informe sobre víctimas de la violencia estatal
La elaboración del informe sobre víctimas de la violencia del Estado que tenía que haberse presentado en junio al Parlamento y que supuestamente estaba redactando la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo fue adjudicada el pasado 23 de setiembre a la empresa Unesco Etxea por un importe total de 65.808,60 euros. Un primer intento de contratación de la misma firma quedó desierto el pasado mayo por diferencias económicas luego solventadas.
Iñaki IRIONDO | GASTEIZ
El pasado 22 de diciembre de 2009 el Parlamento de Gasteiz instó al Gobierno de Lakua a continuar con el denominado «Informe de víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política» iniciado por el tripartito anterior y a presentar un nuevo documento y propuestas de medidas de reparación antes de seis meses.
Cuando llegó la fecha, el Ejecutivo de Patxi López alegó que quería alcanzar un acuerdo con el resto de fuerzas políticas y que optaba por «dar prioridad al acuerdo frente a los plazos», por lo que posponía hasta setiembre la presentación del informe.
También ha vencido ese plazo, y el pasado viernes el consejero de Interior, Rodolfo Ares, aseguró textualmente ante el pleno de la Cámara de Gasteiz que «el Gobierno está elaborando este informe con el objetivo de cumplir con el máximo rigor el mandato de este Parlamento. El informe está prácticamente ultimado; queremos, de una forma discreta, mantener una ronda de contacto con todos los grupos para hacer un esfuerzo que permita que este informe cuente con el máximo consenso político y social».
Encargado el 23 de setiembre
Noticias publicadas en junio y que remitían a fuentes del Gobierno aseguraban que desde meses antes la directora de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Marixabel Lasa, «y su equipo» estaban trabajando en un borrador inicial del informe. Sin embargo, en realidad no ha sido hasta el 23 de setiembre cuando el Departamento de Interior resolvió «adjudicar de forma definitiva la elaboración del informe de vulneraciones de derechos humanos derivados de la violencia de motivación política y propuesta de medidas de reparación, objeto del presente expediente, a favor de la firma Unesco Etxea, por un importe total de 65.808,60 euros».
Cabe destacar que el objeto del contrato no es ofrecer asistencia técnica o realizar un trabajo de campo de búsqueda e identificación de las víctimas, como ha ocurrido en otras ocasiones. No se trata de apoyar a la Administración en sus trabajos, sino de realizar la elaboración completa del informe.
Otra «reformulación»
El pliego de bases técnicas establece las directrices que deben seguirse en la elaboración del documento. Aunque el mandato del Parlamento era continuar con el informe presentado en 2008 por el anterior tripartito, las «directrices» del Departamento de Interior encargan que la empresa contratada «reformulará el informe previo en su parte teórica desde un enfoque de técnica jurídica».
Cabe recordar que el Ejecutivo de Lakua ya «reformuló» con anterioridad el «Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos», convirtiéndolo en un plan de «Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia».
Las directrices de Interior establecen también que el informe «estructurará las vulneraciones de derechos humanos en categorías derivadas de la teoría y los fundamentos jurídicos planteados». Apuntan que «profundizará en los casos descritos en el informe anterior, en la medida de lo posible, y presentará una metodología de trabajo para la investigación para una fase posterior». Y, finalmente, «propondrá medidas de reparación para varias de las categorías identificadas, tomando como referencia las existentes en las distintas leyes y los mejores estándares y prácticas internacionales».
Declarado desierto en mayo
El Departamento de Interior ya había intentando en abril contratar la elaboración de este informe «invitado a la empresa Unesco Etxea que presenta oferta», según consta en la documentación que obra en poder de GARA. Pero la propuesta económica presentada por Unesco Etxea excedió el presupuesto máximo de contratación, ya que pedía 55.770 euros, más el IVA, cuando 55.770 euros era el presupuesto base de licitación con el IVA incluido.
Este desajuste retrasó la contratación, y puede ser una explicación de por qué el informe no pudo presentarse en los plazos exigidos por la Cámara.
En cualquier caso, el Departamento de Interior volvió a licitar la elaboración del informe y esta vez adecuó las condiciones económicas a las que en mayo había presentado Unesco Etxea, estableciendo un presupuesto máximo de licitación de 55.770 euros más el IVA, que cuando se inició la tramitación era del 16% (8.923,20 euros) y cuando se ha cerrado la adjudicación, el 23 de setiembre, era ya del 18%, lo que suponen 10.038,60. Esto da un precio final de 65.808,60 euros.
En los datos sobre la contratación se establece que el plazo de ejecución es el 31 de diciembre. Llamativamente, en la carátula del pliego de clausulas se fijabael 3o de julio, aunque luego no se adjudicó hasta setiembre.
El consejero de Interior dijo el viernes que el informe «que está elaborando el Gobierno» está «prácticamente ultimado» y será presentado en las «próximas semanas».
El documento tenía que estar en el Parlamento antes de julio. Interior dijo que lo retrasaba para buscar consenso. En mayo, un problema económico hizo que la contratación quedara desierta.
Aunque el mandato parlamentario era la de continuar con el informe presentado en 2008 por el anterior tripartito, las directrices de Interior a Unesco Etxea contempla la «reformulación» de la parte teórica.
Las condiciones económicas de la licitación del contrato se han adaptado a las que inicialmente presentó Unesco Etxea y que resultaban excesivas en el primer contrato. Se partía de un presupuesto inicial de 55.770 euros y ha acabado en 65.808.
Unesco Etxea se presenta en su página web como «una asociación sin ánimo de lucro (ONG) creada en 1991 para promocionar en el ámbito vasco los principios y programas de la Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)». Cuenta con una sólida estructura. La Asamblea General, compuesta por más de 125 socios y socias, elige una junta directiva que en la actualidad está presidida por Ruper Ormaza. Además, ha estructurado un equipo profesional, dirigido por Mikel Mancisidor, encargado de diseñar y ejecutar los planes de trabajo. Se centran en programas sobre lengua, cultura de la paz, sostenibilidad y el agua como derecho humano. I. I.
El mandato parlamentario de solicitar un informe que continúe el trabajo firmado por el director de Derechos Humanos del anterior Gobierno tripartito, Jon Mirena Landa, se adoptó por unanimidad en el Parlamento de Gasteiz, pero hay indicios que hacen pensar que su contenido, cuando se presente, será muy distinto del publicado en junio de 2008.
En el informe del Departamento de Justicia de Joseba Azkarraga se identificaban, con nombres, apellidos y circunstancias de los hechos denunciados, 109 muertos y 538 heridos, víctimas policiales, en su mayoría casos ocurridos en los años setenta, atribuidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a agentes fuera de servicio, así como a grupos parapoliciales y de extrema derecha. Además, se incluían varios casos de fallecimientos por torturas o en días posteriores de haber estado incomunicados en dependencias policiales. Jon Mirena Landa aseguró que «el 95 por ciento de los casos analizados no tienen nada que ver con ETA» y pidió a los grupos que no diran una lectura política al informe. Añadió que en todos los casos había un nexo común: la «impunidad» de los autores y «la soledad de las víctimas».
Cuando el director de Derechos Humanos presentó el documento en la Cámara, PSE y PP coincidieron en descalificarlo. El hoy consejero de Interior, Rodolfo Ares, criticó lo que llamó «falta de rigor» del informe, manifestando que suponía «una humillación a las víctimas del terrorismo y a cientos de policías, guardias civiles y ertzainas asesinados». Añadió que Jon Mirena Landa había quedado «descalificado» para seguir al frente del cargo de director de Derechos Humanos.
El portavoz del PP, partido que hoy es el socio que sustenta el Gobierno del PSE, declaró que el informe «acredita la equidistancia repugnante» del Ejecutivo tripartito de aquel momento.
Con esos antecedentes y la evidencia de que las bases técnicas de la contratación del nuevo informe ya recogen la «reformulación» de la «parte teórica» del mismo, todo hace pensar que el documento que finalmente presente el Departamento de Interior distará mucho en fondo y forma del que llevó al Parlamento la Dirección de Derechos Humanos del Gabinete anterior.
Algunas filtraciones realizadas hasta el momento ya han avanzado que una de las «reformulaciones» previstas es la eliminación del censo de afectados que se recogía en el informe anterior. Al parecer, se pretende enumerar el tipo de hechos que pueden ser considerados como vulneraciones de los derechos humanos y habrán de ser quienes se consideren víctimas de los mismos los que deberán solicitar a la Administración ser reconocidos como tales y recibir, en su caso, las ayudas que se establezcan. I. I.
