El grupo municipal de la izquierda abertzale en el Ayuntamiento de Barakaldo llevará a los juzgados a seis concejales del PSE y PP que formaban parte del equipo de gobierno local en setiembre de 2006, por un presunto delito de prevaricación, en relación con la adjudicación de Viviendas de Protección Local en La Siebe.

El edil de la formación independentista, Txiki Castaños, explicó que los hechos se remontan al año 2006, cuando vecinos con derecho a realojo en las viviendas de nueva construcción se encontraron «con la sorpresa de que no podían acceder a varias de éstas porque estaban `comprometidas'».

Castaños precisó que los primeros con derecho a elegir piso debían haber sido los afectados por los derribos y por tanto beneficiarios del realojo. El resto de las viviendas, según subrayó, deberían haber sido adjudicadas por sorteo, con arreglo a la calificación de las mismas como Viviendas de Protección Local. «La ordenanza municipal de Vivienda de Protección Local establece la obligación de abrir listas de solicitantes y su posterior adjudicación mediante sorteo público. En este caso, ni lo uno ni lo otro. Se adjudicaron a dedo», subraya la izquierda abertzale en un comunicado.

La denuncia se sustenta en el propio acuerdo de la comisión de gobierno en el que se señalaban ciertas viviendas «exentas de la obligatoriedad de listado y sorteo público, porque el promotor las tenía `comprometidas'», así como en informes técnicos municipales que, según resaltó Castaños, corroboran que la junta de gobierno «aplicó parcialmente la ordenanza de Viviendas de Protección Local» de forma «consciente».

Reservadas a «familia y amigos»

Los afectados por la denuncia son el alcalde, Tontxu Rodríguez; el concejal delegado de Urbanismo, González Suances; y, la delegada de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, Ana Belén Quijada. Además están denunciados los representantes del PP que integraban la comisión de gobierno, Amaia Fernández, Rafael Carriegas y Juan R.A. Nieto de Cossio, ambos fuera de la Corporación actual.

En relación con las viviendas «comprometidas», el edil abertzale explicó que «la indignación creció» tras comprobarse que correspondían a la hija de González Suances, la hija de uno de sus escoltas, otros dos familiares de trabajadores municipales muy ligados a él, un concejal del PSE de Durango, asi como un familiar de otro militante del PSE de Barakaldo».

La formación independentista tilda de «indignante» el uso de cargos públicos «en beneficio personal» y mantiene que la denuncia en los juzgados es «el único recurso para aclarar lo sucedido» después de una comisión de investigación que se disolvió sin informe alguno con sólo una sesión de debate.