La nueva vuelta de tuerca a la tristemente conocida como Ley de Partidos contempla que si un partido o cargo público no condena la violencia, será castigado con la expulsión de la institución (...) y la ilegalización de la organización política. Esta medida, hecha ad hoc para combatir a la izquierda abertzale, podría volverse en contra de sus hacedores. En efecto, ni el PP ni el PSOE condenan las matanzas de la OTAN en Afganistán ni en Irak, muertes provocadas por una organización de la que España es partícipe. Pero además, en estos días, el PSOE se niega a condenar el genocidio de Marruecos en El Aaiún; muy por el contrario, recibe al ministro del Interior de la dictadura alauita con sonrisas y golpecitos en la espada, y dice que no tiene toda la información para poder condenar, por eso, simplemente "lamenta". Sería necesario un Fiscal independiente (cosa rara, ya que en su inmensa mayoría no dudan en defender las tesis y los intereses del gobierno que les paga) que, con su ley de Partidos en la mano, pusiera en jaque al PSOE, al fin y al cabo, entre los muertos saharauis hay al menos una persona con DNI español. El argumento es diáfano: "usted no condena la violencia, pasa a ser ilegal". ¿O acaso hay violencias buenas y violencias malas, Alfredo?