La sección sindical de LAB de Guardian Llodio ha denunciado que la Inspección de Trabajo actúa en «connivencia» con la dirección de la multinacional estadounidense, ya que no investiga la presencia de amianto ni presiona para que se realice una vigilancia exhaustiva de la salud, dado que en esa empresa han fallecido varios trabajadores por mesoteliomas pleurales derivados del contacto con el mineral cancerígeno. De hecho, antes del verano un grupo de ex trabajadores criticaron la falta de controles y, además, a dos de ellos les han reconocido sospecha de amianto.

En vista de esta situación, LAB inició una campaña entre los trabajadores de Guardian Llodio sobre el control de ese cancerígeno. «Nos resulta inconcedible que a los delegados de prevención se nos niegue el derecho a la información sobre el amianto: se nos niega la documentación referente a las instalaciones de la empresa que en teoría se descontaminaron. Tampoco se nos dice qué se hizo con los residuos de amianto, porque existe la sospecha, como indicaron varios ex trabajadores que fueron enterrados en lo que hoy es el aparcamiento del personal de la empresa». La dirección tan sólo señala que se contrató a una empresa para la descontaminación, pero no ofrece datos, ni tampoco da la relación de la plantilla que estuvo expuesta a amianto.

«Con ello -según explicaron a GARA- se trata de evitar que podamos verificar que realmente el proceso de descontaminación se hizo correctamente y que no podamos comprobar algo tan fundamental como es conocer si a los trabajadores de Guardian, expuestos en su día a ese mineral cancerígeno, se les está aplicando el protocolo de reconocimiento médico que por ley están obligados a realizar la mutua -Mutualia- u Osakidetza en caso de que el trabajador esté jubilado». Estos incumplimientos de la dirección de la empresa cuentan con el respaldo de la Inspección de Trabajo que «ni ha investigado si existe amianto, si se ha saneado y si se vigila la salud a los trabajadores. La inspectora Begoña Lasa da por bueno todo lo que le cuenta la empresa en este tema sin que haya un control exhaustivo de lo que está siendo un problema muy importante para la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, por otro lado, que trabajadores de esta empresa han sido víctimas del amianto».

586 controlados

Osalan en este momento asegura que tiene controlados a 586 trabajadores de Guardian Llodio que tuvieron alguna relación con el amianto, aunque esa cifra ha aumentado en poco tiempo, porque en los primeros controles que exigieron los delegados de LAB se les informó que algo más de un centenar de trabajadores estaba dentro de la vigilancia específica de la salud.

El dato puede ser relevante, pero como también dejaron claro los ex trabajadores en la denuncia que realizaron antes del verano a muchos de ellos se les llamó hace años a los reconocimiento y después no han tenido ninguno más. Se supone que es esencial detectar cualquier alteración provocada por amianto para realizar una prevención adecuada que garantice una mejor calidad de vida al afectado. Los delegados de LAB, por otra parte, reconocieron que en la empresa continúa habiendo amianto en los tejados de varias instalaciones, entre ellas en el comedor de la empresa y encima de uno de los hornos. Sospechan de que algunos frenos de grúas sean de amianto, y admiten que, aunque la empresa indica que el desamiantado se produjo hace años, todavía en 2003 se realizó la última retirada de una instalación que tenía amianto, por lo tanto «muchos de los trabajadores que estuvieron y están han podido tener contacto con el mineral cancerígeno, aunque la Inspectora de Trabajo se oponga a que haya una investigación eficaz para evitar toda sospecha».

Este problema es grave por las consecuencias que puede tener, dado que el período de latencia de las fibras de amianto es muy alto, puede ir de 10 a 40 años.

Por último, los delegados sindicales denunciaron que la empresa ha instalado cámaras de vídeo ocultas dentro de las instalaciones. «Las tienen camufladas en las cajas de registro. Se dio la circustancia de que realizamos la denuncia y retiraron de dos lugares donde habíamos comprobado que existía. Pese a tener las conexiones electrónicas, la inspectora dudó que hubiera cámaras, aunque los indicios por la presencia de los cables de conexión indicaban lo contrario», dijeron desde LAB.