El Tribunal Supremo español ha ratificado la multa de tres millones de euros que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) impuso en 2001 a Repsol por fijar los precios de los carburantes a sus gasolineras en régimen de comisión o agencia.

Por contra, el alto tribunal ha rechazado, tal como hizo en su día el TDC que la petrolera imponga los precios a las gasolineras que actúan bajo el régimen de reventa y que haya alargado de forma fraudulenta los contratos de suministro.

En una sentencia que difundió ayer la agencia Efe, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ratifica que los acuerdos de comisión o agencia suscritos por la compañía con las estaciones de servicio no son «verdaderos» contratos de agencia, ya que los gestores de las gasolineras asumen «riesgos financieros y comerciales».