Después de que el Gobierno de Lakua haya anunciado que revisará todos los expedientes de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos para que el sistema sea «sostenible» y «transparente», el sindicato LAB denunció, en una nota, que «perseguir y controlar al más débil» sea la receta de la actual política vasca.

Según LAB, en la actual coyuntura socio económica, con los niveles de desempleo más altos de la última década, donde el 38% de las personas en paro lleva más de un año sin empleo y donde el número de personas que solicitan ayudas de emergencia social se está duplicando, el anuncio de perseguir el fraude en las prestaciones pretende ocultar «que en los presupuestos del gobierno de la CAPV se reduce el gasto social en situaciones de creciente necesidad». Por ello, denunció que en este momento de graves recortes sociales «parece que adoptar férreos controles a los sectores más débiles sea la solución a la grave situación en la que miles de personas se encuentran».

En definitiva, «es la política de la derecha europea» dijo, esa que «criminaliza a los sectores más débiles, pobres, inmigrantes y personas desempleadas y reconoce a los ricos, aunque defrauden sistemáticamente a Hacienda», e ironizó al señalar que «estas son las soluciones del Gobierno de Lakua para salir de la grave y difícil situación en la que nos encontramos».

Asimismo, el sindicato se lamentó de que la encargada del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, no anuncie que además de revisar el posible fraude «en las míseras cifras de las ayudas sociales» también harán lo mismo en lo que respecta al fraude fiscal, como ya lo prometieron y donde «los ingresos medios procedentes del trabajo asalariado son un 62% más elevados que los obtenidos por el colectivo de empresarios y profesionales en el ejercicio de sus actividades». «¿Olvido o engaño?», preguntó.

Derechos básicos

Por último, cómo según Zabaleta la medida adoptada es una obligación de Lakua, LAB dijo que esperan que la próxima vez su obligación sea, entre otros, «incrementar el gasto social garantizando los derechos básicos de la ciudadanía».