El juicio contra catorce donostiarras fue retomado ayer después de que el jueves se originará un duro enfrentamiento entre el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, y los abogados defensores tras incumplirse el acuerdo alcanzado con anterioridad entre estos y el Ministerio Fiscal. El juez de la Audiencia Nacional solicitó incluso que se investigue al letrado Zigor Reizabal después de que éste se fuera con el objeto de que «primara el derecho a la defensa», que no habían podido preparar.

Todos los acusados tomaron la palabra en la sesión de ayer, a excepción de Joxean Astigarraga, que ya tuvo que comparecer antes de que se suspendiera la vista del jueves. Los catorce coincidieron en que en esta última década han variado «muchísimo» sus circunstancias, tanto personales como laborales. A modo de ejemplo, señalaron que algunos de ellos son padres de familia o que cuentan con trabajos fijos o hipotecas.

La abogada Ainhoa Baglietto quiso remarcar, en declaraciones a GARA, que se están juzgando hechos que ocurrieron hace más de una década y que en ese tiempo el procedimiento ha estado olvidado y paralizado en la Audiencia Nacional española. Considera que el paso del tiempo influye y que, a veces, el juicio «llega a perder su sentido». «La situación de los acusados ha variado de tal manera que habría que contemplar qué sentido tiene una condena ahora», sostuvo.

Los catorce donostiarras están acusados de integrar desde 1996 hasta 2000 «un grupo dedicado a la kale borroka». Ocho de ellos están imputados por un delito de «integración en organización armada», mientras que los otros seis -miembros de la Junta Directiva de la asociación Herria-, aparecen como «cooperadores necesarios».