El pasado lunes nos levantamos con la triste noticia de que dos personas habían fallecido y otras dos resultado heridas de gravedad como consecuencia del incendio de un restaurante en Santurtzi. Según declaraciones del Departamento de Interior, los heridos son dos varones de 22 y 19 años y los fallecidos no han sido aún identificados. Las informaciones que llegan desde diferentes medios dejan claro que no se trata de un hecho fortuito; incluso ha sido calificado como la crónica de una muerte anunciada. El restaurante se encontraba en situación de abandono y era frecuentado por jóvenes sin techo, los vecinos llevaban meses denunciando la situación y en junio pasado ya hubo otro incendio.

Ante esta situación, sorprende la actitud del Ayuntamiento de Santurtzi que, lejos de asumir su responsabilidad y solucionar la situación de exclusión social en la que se encuentran estos vecinos de su municipio que se ven obligados a dormir en una vivienda abandonada, cuando ocurre una desgracia como ésta delegan la responsabilidad en la empresa propietaria del local. El Consistorio alega que había cumplido con todos los requisitos legales para con el edificio, pero ¿es suficiente? Nos jactamos de vivir en una sociedad progresista y avanzada, pero a la vez hacemos oídos sordos ante las situaciones de exclusión social que nos rodean en el día a día, esperando que se resuelvan por sí solas. Así, una vez ocurrida la tragedia, el Ayuntamiento de Santurtzi se cubre la espalda y silencia el trabajo que no ha hecho previamente, y que ha sido la causa de este trágico accidente.

Pero, además, estas situaciones de exclusión social tienen un componente racista. No es casual que en muchas de las noticias sobre accidentes y desalojos en edificios ocupados por transeúntes, estas personas fueran jóvenes inmigrantes varones, como ocurrió por ejemplo en Bolueta o en Lutxana (dos desalojos con intervención de la Policía Nacional que criticamos duramente). El alto índice de inmigrantes entre las personas sin techo revela que la Ley de Extranjería no sólo provoca discriminación sino, en consecuencia, pobreza y exclusión social. La Ley cierra prácticamente toda vía normalizada de acceder a un permiso de residencia y trabajo. Si la persona inmigrante se encuentra además sin una red social en la que apoyarse y pertenece a los colectivos que más rechazo racista despiertan entre la ciudadanía, sus posibilidades de inserción social se reducen al máximo. Tenemos que sumar a todo esto lo difícil que es para muchas personas encontrar un sitio para empadronarse, vía fundamental para acceder a los derechos básicos.

Hoy es un día para la solidaridad con estos jóvenes, sus amigos y familias y con todo el mundo que vive en condiciones similares, que desgraciadamente son muchos a nuestro alrededor. Pero también es un día para continuar exigiendo a todas las administraciones públicas que pongan los medios para solucionar situaciones como las de estos cuatro jóvenes. No podemos permitir que en nuestros pueblos y barrios la gente muera por no tener un techo digno donde vivir, y por este motivo emplazamos a los ayuntamientos y demás responsables públicos a que aseguren unas condiciones mínimas de supervivencia a todos los vecinos y vecinas, sea cual sea su origen.